El Ministerio de Justicia ha reconocido las carencias que padecen los órganos judiciales aragoneses en materia de personal, instalaciones y medios técnicos, tal y como ayer volvió a denunciar el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, pero no está dispuesto a dar ningún paso para solucionar los problemas.

"El Ministerio de Justicia comprende el malestar y el enfado de los magistrados, fiscales y abogados aragoneses", indicaron ayer a EL PERIODICO DE ARAGON fuentes de la cúpula ministerial, hasta la que han llegado las quejas emitidas recientemente en Aragón durante la apertura del año judicial. El descontento de la judicatura tiene su origen en la falta de espacio y en la escasez de profesionales tanto en la Audiencia Provincial como en el edificio de los Juzgados.

"El problema --admitieron las mismas fuentes-- es fundamentalmente económico y de financiación, y no se resolverá hasta que no se produzca un acuerdo sobre la transferencia de las competencias de Justicia entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Aragón".

Sin embargo, el Justicia, García Vicente, defendió ayer ante las Cortes aragonesas el "urgente traspaso de las competencias", si bien subrayó que no debía hacerse "a cualquier coste porque hay que tener en cuenta las necesidades futuras".

NUEVOS JUZGADOS García Vicente, que presentó el informe anual del Justiciazgo, afirmó que la situación de la Justicia en Aragón es "francamente deficiente" y puso como ejemplo que actualmente en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Aragón hay 29 fiscales y 30 magistrados, de los que sólo 6 disponen de despacho propio.

"No basta con lograr que todos los magistrados y fiscales tengan despacho, sino que es necesario que se tenga en cuenta que tan pronto como se hagan efectivas las transferencias se reclamarán nuevos juzgados, salas y plazas de fiscal", resaltó el Justicia.

Además, García Vicente consideró imprescindible poner en marcha a medio plazo la Ciudad de la Justicia, un proyecto consistente en unificar en unas mismas instalaciones todas las dependencias judiciales que andan dispersas por la ciudad de Zaragoza y en el que ayer volvió a insistir igualmente el grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento de la capital aragonesa. Su ubicación es objeto de numerosas conjeturas y se barajan emplazamientos como El Portillo, la Margen Izquierda e incluso Conde Aranda.

No obstante, los planes para la construcción de una futura Ciudad de la Justicia chocan con la actitud del Ministerio de Justicia, que no parece dispuesto a aportar los 18 millones de euros que, según José Angel Biel, vicepresidente del Gobierno de Aragón, costará la mejora de las instalaciones judiciales en la comunidad. "El escollo está en ese punto, en quién paga", insistieron fuentes del departamento de Fernando López Aguilar.

"Aragón no es la única autonomía que tiene problemas de espacio y unos edificios que se han quedado obsoletos, y cualquier aportación económica por parte del Ministerio de Justicia crearía un agravio comparativo en las demás regiones", agregaron las citadas fuentes ministeriales.

CASACION FORAL Abundando en el desencuentro con la Administración central, el Justicia sugirió que las reivindicaciones de Aragón hallarían más eco en el Gobierno central si la comunidad contara con un vocal en el Consejo General del Poder Judicial "con una vinculación real con Aragón, algo que sorprende que no se haya conseguido en los últimos veinte años, ya que uno de casa seis jueces es aragonés".

En referencia a la reforma del Estatuto de Autonomía, García Vicente opinó que "si otras comunidades inician el proceso general de reforma, Aragón también tiene que hacerlo y debería aprovecharse la ocasión para recoger en su articulado las competencias del Tribunal Superior de Justicia en materia de casación foral".