El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha cifrado hoy en 850 las demandas registradas por cláusulas suelo en el primer trimestre del año y ha asegurado que el Gobierno está tomando todas las medidas a su alcance para que los derechos de los usuarios queden bien atendidos.

El Gobierno de Aragón, ha dicho, se está "empleando a fondo", teniendo en cuenta que lo que puede hacer un ejecutivo autonómico no es mucho, y en ese aspecto ha citado entre otras medidas la labor de información a los usuarios puesta en marcha con un protocolo entre las direcciones generales de Vivienda y de Consumo.

También ha destacado que la dirección general de Justicia e Interior del ejecutivo ha estimado una dotación de casi 450.000 euros para que los afectados por las cláusulas suelo dispongan del mejor servicio posible cuando se produzcan las vistas judiciales por las demandas presentadas.

Lambán ha comparecido en el pleno a petición de Podemos para explicar qué medidas está adoptando el Gobierno con el objetivo de garantizar mecanismos suficientes para que los consumidores aragoneses afectados por el fraude de las cláusulas suelo puedan recuperar su dinero con los menores costes posibles.

El diputado de Podemos Román Sierra ha recordado hay unos 8.400 afectados en Huesca, 5.400 en Teruel y 28.900 en Zaragoza, que se estima que unos 10.000 usuarios desconocen que tienen cláusula suelo en sus hipotecas y que de media han pagado de más 15.000 euros, al tiempo que ha indicado que la mitad son de Ibercaja, procedentes de CAI.

La banca española deberá devolver unos 4.000 millones de euros a sus clientes por haber cobrado cláusulas abusivas en las hipotecas, según las estimaciones del Banco de España tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sierra ha instado al Gobierno a ser "valiente" para enfrentarse al poder financiero porque Podemos quiere que Aragón sea la primera comunidad que pueda conseguir que se eliminen las cláusulas suelo y los afectados puedan recuperar su dinero, y Lambán ha insistido en que su Gobierno está haciendo todo lo que legalmente puede y está dispuesto a estudiar cualquier sugerencia que hagan los grupos parlamentarios.