Antonio Losilla, encarcelado en Zuera como presunto autor de la muerte y descuartizamiento de su esposa, Pilar Cebrián, en Ricla recurrirá al Tribunal Constitucional el fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza que esta misma semana declaraba válida la prueba cerebral que le fue practicada el pasado mes de diciembre. Su abogado defensor, Javier Notivoli, llevó a la Audiencia la práctica de la prueba, con la que se pretendía localizar el cuerpo de la víctima, para que fuera invalidada ya que, a su juicio, vulnera el derecho de su representado de no declarar contra sí mismo, y el artículo 10 de la Constitución.
Fuentes judiciales aseguraron que Notivoli notificó ayer a su cliente la resolución judicial y su decisión de presentar recurso al Constitucional.
De los nueve jueces que decidieron sobre la validez de la P300, siete votaron a favor y dos, en contra. Los primeros se acogieron al artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reconoce la potestad del juez de ordenar la práctica de análisis químicos y pruebas de ADN sin el consentimiento del sospechoso.
Los magistrados que mostraron su disconformidad consideran que no hubo consentimiento por parte de Losilla y que, además, se vulneraron el derecho a la dignidad y el derecho de toda persona a no declararse culpable.
