Florencio Garcés ya no es el titular de la parroquia de Borja. El obispo de Tarazona, Eusebio Hernández Sola, aceptó su renuncia, y abrió el plazo para proveer de un nuevo responsable de la Iglesia en la localidad zaragozana. El propio Hernández lo anunció a los fieles durante la homilía del pasado domingo.
El vicario general de la Diócesis de Tarazona, Esteban Aranaz, explicó que las razones responden a su delicada salud y para centrarse en su defensa ante la imputación de apropiarse indebidamente de 185.000 euros procedentes de las cuentas parroquiales. Un movimiento que se produce, después de que hace seis meses se le apartara de forma provisional de sus laborales pastorales.
Aranaz mantiene su confianza en que se archive el caso, al igual que se hizo, de forma provisional, con respecto al delito contra la libertad sexual en el que estaba imputado, Florencio Garcés o que sea declarado inocente si llega a juicio. Una tesis que mantienen sus abogados defensores, Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres, quienes afirman que puede haber un conflicto competencial entre el Estado español y la Santa Sede, ya que la Diócesis de Tarazona no ha querido actuar como acusación al no sentirse víctima de lo que está investigando la magistrada del Juzgado de Instrucción de Tarazona, Nieves Pérez.
De hecho, se han limitado a una investigación interna que está a la espera, según fuentes eclesiásticas consultadas, de que finalice el asunto en los tribunales. Sin embargo, la jueza ha enviado un oficio al Vaticano para preguntar si quiere reclamar la cantidad supuestamente desviada por el sacerdote, que controlaba una decena de cuentas.
La investigación de la Guardia Civil se centra en estos momentos en analizar los móviles de los dos últimos detenidos, Alfredo C. T. y Lourdes P. M., pertenecientes al clan de etnia gitana Zapato Veloz, para encontrar las fotografías eróticas que corroboren su hipótesis en la que los miembros de esta familia tenían chantajeado al cura.
Desde estos terminales se realizaron 361 llamadas con destino el teléfono parroquial y el personal de mosén Florencio. Desde la defensa se justifica afirmando que la relación entre los siete imputados con el cura era meramente solidaria.
