El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que los municipios que han obtenido superávit en sus cuentas deberán seguir sometiéndose a la regla de gasto, por la que no podrán invertir todo ese beneficio en sus localidades. Montoro respondió así en el pleno del Congreso a la diputada del PSOE por Zaragoza Susana Sumelzo, quien tildó al ministro como el más «antimunicipalista» de la Historia y le solicitó que se diera una vuelta por los pueblos de «Aragón, Castilla o Extremadura» para comprobar sus realidades financieras.

El ministro defendió la postura del Gobierno, y recordó a la diputada que las corporaciones locales con superávit pueden destinar esos fondos a inversiones financieramente sostenibles --que no generen gasto recurrente y sirvan para dotar de equipamiento los servicios públicos-- siempre que se respete la regla de gasto. De hecho, con el resultado del ejercicio 2016 han recurrido a esta figura 1.043 entidades locales --1.009 municipios y 34 diputaciones provinciales-- por un importe total de 696 millones de euros.

Sin embargo, los argumentos no fueron suficientes para la aragonesa, quien interpeló al ministro diciéndole que mientras él aplicaba «reformas fiscales, los municipios prestaban servicios a los ciudadanos». Sumelzo lamentó que el ministro siga «asfixiando y tutelando» a las administraciones locales, a pesar de «haber aprobado el examen con nota» y ayudar al Estado a suavizar el déficit global. Además, le aseguró que ese dinero invertido, estimularía «la economía real, la que notan los ciudadanos, la que crea empleo y garantiza servicios públicos de calidad».

Al mismo tiempo, le invitó a trabajar con el resto de grupos de la cámara para buscar un modelo de financiación que dé estabilidad a las cuentas públicas locales.

financiación autonómica / Por otro lado, el ministro de Hacienda avanzó que tiene previsto abordar el debate de la financiación autonómica, aparcado durante varios años. El anuncio llega en medio de una grave crisis institucional por la situación en Cataluña, pero Montoro así lo admitió públicamente e incluso lo ha llegado a anunciar a algún presidente autonómico. Todas las autonomías reclaman un nuevo modelo, más equilibrado y que satisfaga a todos.