El Cuerpo Nacional de Policía desplegó ayer una nueva macrorredada en las calles de El Gancho, en el Casco Histórico de Zaragoza. La intervención respondió, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, a las peticiones que realizan los vecinos de la zona que vienen denunciando reiteradamente el aumento de la inseguridad ciudadana. De hecho, la Jefatura Superior de Policía de Aragón calificó el operativo de «preventivo» y como consecuencia del mismo 263 personas fueron identificadas (203 con antecedentes policiales), un detenido por quebrantamiento de condena, cinco personas fueron trasladadas a Extranjería, se levantaron cinco actas de droga y una por tenencia ilícita de armas. Además se desarticularon 4 puntos de venta de drogas y siete edificios okupado fueron inspeccionados.

Para el mismo fueron movilizados varios destacamentos policiales como los guías caninos, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la motorizada conocida como los Centellas y patrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Solo faltó, en comparación con otras redadas, el helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes que peinaron el sector de Pignatelli-Zamoray, así como el de San Pablo, especialmente las calles Mayoral, Cerezo o Boggiero. Identificaron a numerosas personas, principalmente, jóvenes, y realizaron asimismo cacheos. En la primera actuación fueron identificadas casi 400 personas, fueron arrestadas cinco personas (uno por drogas y el resto por Extranjería) y se intervino numerosos objetos procedentes de robos.

El Gancho está en el punto de mira de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, de la socialista Pilar Alegría, y del ayuntamiento gobernado por PP-CS, después de que se hayan producido varios hechos delictivos como robos violentos, tentativas de homicidio e, incluso, un hombre llegó a ser abatido tras encañonar a unos policías. Estos sucesos volvieron a poner sobre la mesa la falta de seguridad denunciada por una parte de los vecinos representados por Calles Dignas y la Plataforma de Afectados del Gancho, quienes reclamaron más presencia policial. Otros como los pertenecientes a la Red de Apoyo Vecinal apuesta por la mediación que apuesta por la mediación y a los que aseguran «que les preocupa la estrategia policial con la que se están abordando los conflictos».

Otro problema es la infravivienda existente y la okupación de decenas de inmuebles. El pasado mes tres okupas en situación irregular en España se subieron a un tejado de la calle Boggiero y empezaron a lanzar desde allí tejas, piedras e incluso cuchillos a los policías que les vigilaban desde la calle, escena que originó una gran inquietud entre los vecinos, que venían denunciando la ocupación ilegal de viviendas.

Ante este estado de cosas, la Delegación del Gobierno acordó recientemente incrementar la vigilancia con dos patrullas policiales fijas en la zona a las que se añade este tipo de macrorredadas periódicas. Esta decisión fue tomada por la responsable de la institución, Pilar Alegría, tras reunirse con el jefe superior de la Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández. También hubo encuentros entre el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Beltrán Blázquez, con mandos policiales y también con los vecinos que le pidieron reunirse.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto instalar este mes de diciembre . Se trata de un proyecto piloto que anunció el consistorio y que está pendiente del visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Este tipo de proyectos son siempre objeto de análisis para evitar la intromisión en la intimidad de las personas. Lo partidarios de este método de control, entre los que se encuentran los vecinos, sostienen que solo así se podrá controlar con garantías un espacio urbano en el que proliferan las viviendas donde se trapichea con droga, lo que genera un continuo ir y venir de personas. En principio, dos de las cámaras se colocarán en la calle de Ramón Pignatelli, en las esquinas con Cerezo y con Zamoray, y las otras dos en Agustina de Aragón, en la confluencia con Miguel de Ara y con Cerezo. El presupuesto con el que cuenta el ayuntamiento es de 8.000 euros.