La negociación del nuevo convenio de Pikolín se encuentra en punto muerto. Tras casi cuatro meses de diálogo, en los que se han desarrollado doce reuniones entre el comité y la dirección de la empresa, ambas partes siguen muy alejadas del acuerdo sobre un marco laboral del que dependen cerca de 700 trabajadores. Ayer tuvo lugar el último encuentro, en el que se puso de manifiesto la profunda divergencia de sus propuestas. La flexibilidad de la jornada laboral y los salarios son los principales puntos calientes.
El comité denunció ayer en un comunicado la «postura intransigente» de la compañía con las propuestas de la plataforma de negociación aprobada por la plantilla, al tiempo que expresó su hartazgo con la dirección porque «solo mira por su propio interés, sin tener la más mínima consideración por sus trabajadores».
«La negociación está paralizada y hasta septiembre no hay prevista ninguna reunión», afirmó a este diario el secretario del comité, Luis Antonio Uche. «La empresa dice que nuestras pretensiones son inasumibles y que, si no las rebajamos, no hay nada que hablar. Es un chantaje», lamentó.
En materia salarial, los sindicatos reclaman una subida del 2% (inicialmente pedían el 3%) con una cláusula de revisión del IPC, en línea con lo marcado por el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, firmado por la patronal española CEOE con las centrales sindicales UGT y CCOO. La compañía, sin embargo, solo acepta un incremento del 0,5%. «No nos merecemos un trato así y mucho menos después de una década perdiendo poder adquisitivo», critico la representación de los trabajadores, formada por OSTA, CCOO y UGT.
FLEXIBILIDAD
El otro gran escollo de la negociación gira en torno a la flexibilidad, que la empresa trata de ampliar para mantener su competitividad. En concreto, quiere introducir cinco turnos de vacaciones y ajustar los días sobrantes del calendario según las necesidades de producción. En este sentido, Uche recordó que la plantilla ya rechazó la jornada irregular, que fue además motivo de protestas hace dos años.
El comité consideró que las medidas planteadas por la empresa suponen «un grave retroceso tanto en cuestiones sociales como en las económicas». «Es muy preocupante que esta empresa no evolucione, ni se adapte a las nuevos tiempos», añadieron.
Ambas partes también discrepan sobre la duración del convenio. La patronal plantea que sea para cuatro años y el comité lo quiere para dos.
