La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca ha ordenado la exhumación del cadáver de un hombre fallecido en el 2015 en la provincia altoaragonesa para la realización de una prueba de ADN que permita determinar si es el padre biológico de una mujer de 63 años que reclama ser reconocida como su heredera.

En su demanda, la mujer relata que su madre se quedó embarazada en 1956 mientras trabajaba como asistenta en la casa del fallecido, en una población cercana a la ciudad de Huesca, y que la moral imperante en aquellos años le obligó a marcharse del lugar para evitar un escándalo.

La niña nació el 28 de septiembre de ese mismo año en la localidad donde vivían sus abuelos, donde la madre buscó refugio para tratar de eludir el estigma social que pesaba en esa época sobre las madres solteras.

La madre, ya fallecida, informó a su hija sobre quien era su padre, pero esto no cambió la situación hasta que se produjo la muerte del padre, que nunca la reconoció como su descendiente. La demanda, defendida por el letrado oscense Ricardo Orús, subraya que durante los años en los que la madre trabajó para el fallecido, surgió una relación «sentimental, íntima, sexual y continuada» entre ambos que derivó en un embarazo.

La demanda se acompaña de un acta notarial que recoge diversas manifestaciones que confirmarían la presunta paternidad, entre otras la de un primo del fallecido, ambos taxistas de profesión, que reconoció que este le había confesado que la demandante era su hija.

También se incluye la declaración de una vecina de la población que vio personalmente cómo el fallecido y su asistenta paseaban por la localidad «como si de una pareja de novios se tratara». Al parecer, esta vecina habló con la hermana del fallecido, que no tenía descendientes directos, para que le convenciera de que reconociera a la niña como su hija, aunque los sobrinos consiguieron que les nombrara únicos herederos.