Después de tres aplazamientos y si la huelga de jueces y fiscales convocada para el próximo lunes 19 no lo impide, la Audiencia Provincial de Zaragoza comenzará el juicio por el saqueo de más de 150 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). La negociación de acuerdos entre los 25 encausados y la Fiscalía Anticorrupción todavía no se ha ratificado, aunque, según fuentes consultadas, existe una propuesta en la que veinte de los procesados admitirían unos hechos, a la vez que se les rebajaría de forma sustanciosa las condenas.
El escollo del mismo está en la responsabilidad civil, es decir, la cantidad de dinero que estarían obligados algunos de los encausados como consecuencia del daño provocado. Esta asciende a 147.298.216,75 euros y que tendría que pagar el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el exdirector técnico de las obras, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el exdirectivo de Acciona, José María Jordán, y el jefe de obra perteneciente a la empresa Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld.
SUBSIDIARIA
En caso de no hacer frente a esa cantidad, la tendría que asumir de forma subsidiaria la UTE que conformaron Acciona y MLN. Un montante que, según fuentes consultadas, el Ejecutivo autonómico no está dispuesto a perder y que para los servicios jurídicos de Acciona sería demasiado elevada como para asumirla esta constructora que forma parte del Ibex35, por lo que piden que reduzcan ese dinero.
Es este punto lo que está actualmente retrasando un acuerdo entre los 25 acusados y la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, según estas mismas fuentes, las negociaciones se mantienen activas porque se están produciendo determinados avances en aras de un pacto que reduciría exponencialmente este macrojuicio. Por el momento, no hay nada firmado y el plazo, tal y como apuntan fuentes judiciales, se acorta, a pesar de que fue la propia Fiscalía Anticorrupción la que pidió el último aplazamiento para intentar llegar a acuerdos.
Los únicos que sí llegaron a pactos fueron cinco encausados en concreto -los empresarios Ramón y José Luis Margalejo; el director de obra, Alejandro Viñuales; el gestor Francho Chabier Blasco, y el constructor Francisco Hernández. A ninguno de ellos les afectaba la cuestión de la responsabilidad patrimonial, así que, tal y como adelantó este diario, llegaron a pactos con Anticorrupción, por los que a algunos se les retiró la acusación y a otros se les rebajó la condena hasta tal punto que no ingresarán en la cárcel.
Los acuerdos concretos con Viñuales y Hernández y, por tanto, el reconocimiento de algunos hechos delictivos como facturaciones falsas complican la posible defensa del exgerente de García Becerril o de Jordán. A ello se unen algunos intereses particulares como el del exgerente de Plaza, quien afronta 23 años de prisión y 42 de inhabilitación, y que ofrecería una admisión de hechos e ir a prisión, a cambio de salvar a sus hijas Patricia y Carolina García, así como a su exmujer, Elena Planté.
CON EL NO POR DELANTE
De los 25 acusados en total hay varios que no se han planteado en ningún momento llegar a un acuerdo con las acusaciones. Entre ellos está el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó; el dueño de Porcelanosa, Miguel Colonques, el constructor y expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias. y el empresario Miguel Ángel Floría.
Si finalmente las pretensiones de la DGA se rebajaran y se produjera el acuerdo global, solo estas personas acabarían sentándose en el banquillo el lunes.
