El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza decidió ayer paralizar todos los expedientes pendientes de aprobación relacionados con la factoría Averly. Tanto la solicitud de derribo como el que se refiere al plan especial con el que la constructora Brial, dueña de los suelos, pretende levantar 200 pisos.
El Gobierno municipal dio cuenta del auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) con el que se da dos meses a Apupeda para que presente el aval de un millón de euros que mantenga vivo el contencioso con el pide evitar la desaparición de la parte no cataligada por Patrimonio. Y ese es el plazo que se va a dar el consistorio para aceptar ambas peticiones de Brial. Porque el juez ya exige que no se intervenga.
Por eso PSOE, CHA e IU aprobaron suspenderlos y el PP, que consideró que eso no impide que se tramite el plan especial, se abstuvo.
