La patronal CEOE Aragón también quiere aportar su granito de arena en la lucha contra la despoblación. La confederación de empresarios considera que aún se está a tiempo de revertir la situación pero subraya que hay que actuar «cuanto antes» y de forma coordinada con la administración estatal y europea. Así, este jueves ha presentado un informe en el que apuesta por implementar medidas de discriminación positiva (sobre todo en el ámbito fiscal) en las áreas más despobladas. En su opinión, esta es la mejor forma de que las empresas se instalen en estas zonas frente a las grandes capitales.

En este sentido, y después de analizar diferentes estudios, la patronal considera que la medida «más eficaz» sería rebajar a las firmas que se instalen en estos municipios las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social. «Creemos que, teniendo en cuenta el coste para las arcas públicas, esta reducción sería más eficaz y sencilla que establecer deducciones directas en impuestos concretos», ha subrayado el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur.

Según la propuesta de la patronal, rebajar diez puntos las cotizaciones sociales en las localidades con menos de 10.000 habitantes y una baja densidad demográfica permitiría crear en Aragón hasta 3.308 empleos. Esta medida supondría un coste para las arcas públicas de 275 millones de euros, generaría un impacto en el PIB regional de 231 millones y conllevaría un retorno fiscal de 65 millones.

Con todo, Mur ha indicado que esta rebaja de las cotizaciones «no es excluyente» a más deducciones impositivas. Así, ha indicado que aún hay recorrido para actuar en los impuestos de patrimonio, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones y el de sociedades.

Tal y como se recuerda en el informe de CEOE, en Aragón existe actualmente una deducción del 5% en el IRPF por adquisición o rehabilitación de primera vivienda en municipios menores de 3.000 habitantes sujeta a límites de renta y a menores de 36 años. Asimismo, se aplican deducciones en el IRPF entre 100 y 300 euros por nacimiento o adopción del primer y segundo hijo en municipios con menos de 10.000 habitantes y otra en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por arrendamiento de fincas rústicas con una renta anual que no supere los 9.000 euros.

Sin embargo, Mur ha indicado que estas medidas tienen un efecto «muy reducido» por el escaso número de posibles destinatarios y ha considerado que hay margen para eliminar los límites de edad y renta, así como para ampliar las bonificaciones a explotaciones agrarias y ganaderas.

Además, el estudio aboga por agilizar lo máximo posible las trabas burocráticas a las empresas que se instalen en las zonas más despobladas. «Hay que dar ventajas a los que van a emprender en un territorio que no tiene las mismas condiciones y servicios que una gran ciudad», ha reiterado Mur.

No obstante, ha dejado claro que «no tiene sentido» abordar el problema de la despoblación únicamente desde el punto de vista fiscal o de las cotizaciones, ya que nadie elige el territorio donde vivir solo por estos motivos. «La gente quiere tener buenas escuelas, poder acudir al médico, tener buenas comunicaciones o rápidas conexiones a internet», ha señalado Mur, que ha destacado que la existencia de la banda ancha es clave para lograr atraer empresas.