Las Cortes de Aragón reprobaron ayer la gestión económica del Gobierno por su «inacción» y «falta de interés» en sacar adelante los presupuestos de la comunidad de este año, con las «repercusiones» negativas que esto conlleva para la población. Una victoria para el Partido Popular, que propuso la reprobación, en la que contó no solo con apoyos previsibles, como Ciudadanos o el PAR, sino otros más inesperados como Podemos. Los partidos de Gobierno, PSOE y CHA, se quedaron solos en la lucha contra la reprobación.

La alianza fue quizá sorpresiva pero no ilógica, toda vez que Podemos ha venido sosteniendo que la culpa de que no haya cuentas públicas es toda del PSOE, por no aceptar sus cinco propuestas «de mínimos». Así lo recordó el diputado Héctor Vicente y, como sustancialmente el diputado popular Antonio Suárez en suma decía lo mismo, no pudo por menos que apoyarle, pese a que criticó su «estrategia».

Desde CHA, Gregorio Briz, que se lo veía venir, ya había pedido a Podemos que no entrara «en el juego» de la derecha. Pero para Vicente, peor es apoyar «las fechorías» del PSOE.

Así que juego hubo, con la reprobación y mucho antes y después de ella. La sesión de ayer fue ya precampaña en todo su esplendor, también en clave nacional, con alianzas cruzadas izquierda-derecha y Gobierno-oposición (o «sensatez contra no sensatez», en la visión de Suárez»), con cada partido cavando su trinchera diferenciada pero tratando a la vez de no cerrar caminos que luego haya que tomar.

Este difícil equilibrio y la proximidad electoral generó un indisimulado nerviosismo con momentos de tensión como el que acabó con el portavoz socialista, Javier Sada, llamando «cacique» al líder popular Luis María Beamonte, como respuesta a un exabrupto de la bancada del PP y este último advirtiendo fuera de micro que está «hasta los cojones» de insultos. Sada se disculpó.

El rifirrafe obligó a la presidenta Violeta Barba a poner paz en el patio de colegio (electoral) y pedir educación. El barullo no cesó precisamente con la moción de CHA que llevó a las Cortes a prohibir pactar con la ultraderecha, de escaso efecto práctico porque el PP votó en contra y Ciudadanos y el PAR se abstuvieron.