Motorland, empresa pública dependiente del Gobierno de Aragón, ha sacado a concurso un «contrato de servicios de asistencia técnica y consultoría para la promoción y organización de competiciones y eventos deportivos» por un precio máximo de 217.000 euros en tres años. Este contrato llega después de la dimisión del gerente Tomé Alfonso, que renunció tras entrar en vigor una ley que le obligaba a reducirse notablemente el sueldo para evitar cobrar más que el presidente de Aragón y se le impedía además realizar colaboraciones externas. Su puesto fue asumido por Santiago Abad, pero tanto la presidenta de Motorland, Marta Gastón, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, avanzaron que era una pérdida que no se podía permitir el circuito de velocidad y se haría lo posible para que siguiera vinculado.
Por ello, Izquierda Unida primero y posteriormente Podemos, denunciaron la convocatoria de lo que ellos consideran que es un contrato ad hoc, es decir, diseñado específicamente atendiendo al perfil del exgerente. La propia Gastón, admitió recientemente: «No nos podemos permitir el lujo de perderlo. Viniendo de una sociedad pública el contrato no puede llevar un nombre pero probablemente no hay dos personas con el perfil que se requiere y sabiendo que él quiere seguir vinculado. Tiene muchos puntos a favor». Tomé, que además es sobrino de Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de la empresa que gestiona los derechos de los grandes premios de motociclismo, ha anunciado su intención de seguir vinculado a Motorland, y con este contrato de asesoría, que tiene un montante de 150.000 euros más un 20% de variables, no se sometería a la ley del Presidente que limita los sueldos de las empresas públicas.
Este contrato ha provocado el malestar en IU y Podemos, que ya han pedido explicaciones al Gobierno de Aragón. Ayer fue la formación morada la que tiene «serias dudas» de que el Gobierno de Lambán tenga «intención real de atajar los privilegios de los directivos» en empresas públicas.
Podemos Aragón registrará una pregunta dirigida a la consejera Gastón para que explique por qué el nuevo gerente no puede desempeñar estas funciones, asumidas hasta ahora desde ese puesto, y para que aclare si está trabajando o no en la prevención de la extensión de privilegios. la formación morada sospecha que las políticas de la DGA «no van en la dirección de atajar estos privilegios, que aumentan los gastos y sólo perjudican al circuito». De confirmarse, Podemos alertó de que «estaríamos ante una maniobra para que el cambio legislativo no tuviera efectos sobre esta empresa pública, lo que sería una prueba más de la falta de voluntad regeneradora del Gobierno de Lambán».
