El PP presentó ayer su documento de regeneración democrático. Lo componen 41 medidas, algunas de competencia autonómica, otras dependientes de cambios legislativos en el Congreso de los Diputados. Entre ellas, dejar sin ayudas públicas a los partidos condenados por financiación ilegal. Los populares apuestan por cambiar la ley electoral para fijar un techo de gasto, eliminar el día de reflexión, prohibir la publicación de encuestas cinco días antes de los comicios o reducir las campañas a nueve días.
Los populares, que ayer hicieron la puesta de largo en Zaragoza del documento frente a la dirección del partido y militantes venidos de todo Aragón, pusieron sobre la mesa medidas que atañen a las instituciones que regula el Estatuto de Autonomía. El Justicia de Aragón tendrá un mandato máximo de seis años y deberá superar una prueba de idoneidad a la que será sometido en el Parlamento.
Lo mismo sucederá con los integrantes de la Cámara de Cuentas, que en la propuesta del PP, pasarán de tres a uno, que será elegido por mayoría cualificada, por seis años. Los conservadores quieren que este órgano fiscalizador tenga postestad sancionadora, de ahí que proponga un sistema que garantice el obligado cumplimiento de los informes de la Cámara. No como sucede ahora, que no sirven para nada.
CONTRATOS
El PP quiere que se prohíba el procedimiento negociado sin publicidad en las contrataciones o la exigencia de una resolución parlamentaria previa en aquellas contrataciones "cuyo impacto presupuestario, temporal o social, lo aconseje", según figura en el documento. Los funcionarios públicos podrán ser sancionados e inhabilitados cuando se "aprecie fraude de procedimiento" en las modificaciones de contratos. Gran parte de estas propuestas figurarán en el programa electoral del PP. De momento, ninguna de las medidas puede llevarse a término. No existe ni siquiera acuerdo entre los partidos para sentarse a negociar las prioridades para la regeneración. La presidenta de los populares, Luisa Fernanda Rudi, desgranó ayer ante los suyos algunas pinceladas del documento. Insistió en la reducción del número de diputados autonómicos y afirmó que el recorte de un tercio de los consejeros comarcales que ha pactado con el PAR se queda corto, y que su aspiración, si vuelve a gobernar con suficiente holgura, será ahondar en el ajuste.
En el llamado documento de regeneración, trabajado en los últimos meses y mantenido en el máximo secreto, figuran también medidas en las que el Gobierno de Aragón no tiene potestad, y que requerirían una reforma del Código Penal. Por ejemplo, aumentar el periodo de prescripción de delitos por corrupción o de gestión de fondos públicos; tipificación de nuevos delitos relacionados con la financiación y la gestión de los partidos; inhabilitación de por vida a personas condenadas por corrupción o arbitrar mecanismos de responsabilidad penal y patrimonial que posibiliten devolver las cantidades defraudadas. Los populares quieren excluir de la concesión de indultos a los condenados por corrupción o limitar a un máximo de dos años la instrucción de los procedimientos penales por este tipo de causas.
