El actual Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza informó ayer de que acudirán al Fondo de Impulso Económico (FIE) para poder hacer frente a las sentencias del Tribunal Supremo en materia de revisiones de precios de las contratas FCC y Avanza, que suponen, según la consejera de Hacienda María Navarro, una «losa financiera brutal que va a lastrar las posibilidades inversoras a corto plazo». Además, Navarro añadió que estas sentencias firmes ya sumaban «más de 35 millones de euros que nos quedan pendientes de pago». En total, según informó la edila, ya son 64 millones de euros los que han sido condenados al Ayuntamiento de Zaragoza por revisiones de precio.
Navarro culpó a los «16 años de Gobierno de izquierda» de que la ciudad de Zaragoza sea «la ciudad más endeudada de España». Criticó, asimismo, la gestión «negligente» de los tribunales por parte de los grupos municipales que ahora son la oposición, y calificó de «hipócritas» a los Gobiernos de izquierdas, porque según Navarro, estaban criticando una situación que sus mismos Gobiernos habían «generado».
También, la consejera de Hacienda declaró que si los grupos de la oposición tuvieran «un mínimo de responsabilidad», tendrían que pedir disculpas a todos los zaragozanos por esa «ingente cantidad de millones y millones de euros» que se van a tener que afrontar «entre todos en el presupuesto municipal».
SOLUCIONES
Navarro confirmó que el nuevo Gobierno de la ciudad iba a trabajar en dos vías para solucionar «esta situación de alerta financiera máxima». Así, la coalición PP-Cs, según informó Navarro, acudirá en primer lugar al Fondo de Impulso Económico (FIE) para pedir «todas las sentencias firmes condenatorias que nos han dejado de años y gestiones anteriores». La edila subrayó que el Gobierno anterior «se equivocó gravemente al limitar este asunto buscando la falsa imagen de que había reducido la deuda a límites soportables» y criticó que las previsiones que habían realizado se quedaron «cortas» y van a tener que ampliarlas.
Otra de las soluciones será, «una vez que los criterios judiciales van quedando claros en cuanto a las revisiones de precios», negociar con las subcontratas (FCC y Avanza) con el objetivo de detener la «multiplicación» de las deudas económicas «por los intereses de demora», según anunció María Navarro.
DEUDAS
Asimismo, la portavoz del ayuntamiento destacó que estas deudas que tiene actualmente el Ayuntamiento de Zaragoza pertenecen al período comprendido entre los años 2009 y 2013, y que todavía tienen que recibir las sentencias del Supremo que hacen alusión a las revisiones de precios del 2014 al año 2018.
Navarró expresó que a las sentencias que provienen de los años 2009 al 2013 les sigue «otra oleada de revisiones de precio en vía administrativa» de la que todavía desconocen el impacto económico que supondrá, pero del que prevé que será «demoledor para el futuro de la economía municipal» de Zaragoza.
La edila también resaltó su «perplejidad» por las declaraciones que estaban ofreciendo desde la oposición sobre el tema, especialmente «desde los Gobiernos de izquierda que han gestionado la ciudad estos 16 años. Además, incidió en que los doce años consecutivos de gestión del PSOE y los cuatro años de Zaragoza en Común (ZeC) en el ayuntamiento eran «un problema brutal», y lamentó que iban a ser los «vecinos de Zaragoza» los que iban a tener que pagar con todos sus impuestos «la enorme deuda» que existe en el Consistorio zaragozano.
