El Gobierno central y el aragonés quisieron mandar ayer a los agricultores un mensaje de tranquilidad respecto al pago de las ayudas de la PAC, que seguirán su curso aunque la reforma que estaba prevista se retrase de forma indefinida. Así lo manifestaron el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, después de que por culpa de la inestabilidad presupuestaria de la UE todos los sectores implicados hayan asumido que los nuevos planteamientos de la política agraria tardarán al menos tres años en ser una realidad.
Olona, que reconoció que el anuncio del retraso para aprobar la nueva PAC «no es una buena noticia», incidió en la importancia de que se lleve a cabo con el fin de que la política agraria sea «más eficaz y más justa». No obstante, el consejero garantizó que el retraso «no tiene consecuencias en términos presupuestarios», ni siquiera en las cuentas autonómicas, y que no hay motivo «de alarma ni preocupación» en cuanto a la continuidad de los pagos ya previstos por las arcas públicas.
Para Olona, lo importante es que «la reforma se haga en profundidad», pues ha sido uno de los caballos de batalla de la legislatura del departamento de Desarrollo Rural.
PLAN ESTRATÉGICO
Por su parte, Miranda también aseguró a los ganaderos y los agricultores en activo que los pagos «no se van a interrumpir» independientemente de cuándo la reforma entre en vigor.
El secretario general de Agricultura recordó que este lunes se celebró la primera reunión para trabajar con las comunidades autónomas en el plan estratégico para que, aunque se retrase la reforma, España tenga «los deberes hechos» y cuando entre en vigor poder «sacar provecho lo antes posible».
El responsable estatal aseguró que los trabajos de esta comisión «no se detienen» por el periodo electoral sino que continúan de forma paralela «como si no hubiera elecciones» y adelantó que ya exites una «hoja de ruta» marcada para todo el 2019 sin que importen los cambios políticos, algo que no se ha podido asegurar en el seno de la UE.
En este escenario cambiante, con una gran importancia a las consecuencias que pueda provocar el Brexit, el representante del Gobierno central calculó que la Comisión Europea acelerará el proceso de reforma a partir del próximo mes de otoño aunque cree que la aprobación se retrasará a 2022 o 2023, pero insistió en que este organismo «tiene todo dispuesto para que los pagos sigan los trámites sin interrupción».
El ministro de Agricultura, Luis Planas, visitará Zaragoza mañana jueves.
