La mujer va incorporándose poco a poco al campo, pero su presencia en el sector agrario aragonés sigue siendo muy reducida. Al menos en las estadísticas, porque la realidad del día a día confirma su relevante papel en las explotaciones aunque lamentablemente solo sean visibles como las mujeres de los agricultores. Según los datos de la consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, apenas el 20% de las explotaciones agrarias de la comunidad tiene como titular a una mujer, un porcentaje que constata el difícil acceso de las profesionales a la tierra.
Los resultados de las convocatorias de ayudas de la DGA para la incorporación de jóvenes al campo también evidencian esa brecha de género en el sector. De hecho, las mujeres solo están detrás del 20% de los expedientes aprobados en los últimos tres años. En concreto, Aragón ha logrado incorporar entre el 2016 y el 2018 un total de 1.104 nuevos agricultores y solo 226 han sido mujeres.
«Aunque todavía son pocas, la cifra ha ido creciendo en los últimos años, pero lo ha hecho muy poco a poco», indica Ángeles Ramón, que durante muchos años ha sido la responsable del Área de la Mujer del sindicato agrario UAGA.
Si se echa la vista atrás en esa estadística sobre las ayudas a la incorporación se confirma esa diferencia de género. Así, entre el 2001 y el 2017 llegaron al sector 4.057 nuevos agricultores: 1.074 fueron mujeres y 2.983 hombres, casi el triple.
La cifra de ocupados del Instituto Nacional de Estadística (INE) también evidencia que el sector agrario está fuertemente masculinizado en Aragón. A lo largo del 2018 la actividad ha empleado a unas 39.000 personas y apenas 8.000 de ellas (en torno a un 20%) eran mujeres.
TITULARIDAD COMPARTIDA
«El problema es que hay muchas más aragonesas trabajando en el sector, lo que ocurre que queda registrado como una simple ayuda familiar», explica Ramón. Para visibilizar su aportación a la actividad y dotarles de derechos laborales y económicos, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó el proyecto de Ley sobre Titularidad Compartida. Sin embargo, esta normativa no ha tenido los efectos deseados. «Apenas ha ayudado a que las mujeres se conviertan por derecho en agricultoras debido a una burocracia muy farragosa y al escaso presupuesto destinado a formar a los funcionarios y a dar a conocer la ley», explica Ramón.
La agricultora y representante de UAGA sabe muy bien que detrás de la escasa presencia femenina en el sector hay también un problema cultural. «Muy pocas mujeres acceden a la tierra en las herencias y los cuidados domésticos en los hogares de muchos pueblos se siguen reservando a las hijas», reconoce Ramón, que aboga por impulsar ese cambio de mentalidad desde la educación para conseguir un modelo de agricultura «mucho más integrador y participativo».
Ramón, que apoya la reivindicación del 8-M, subraya no obstante que para elevar la presencia de las mujeres en el sector también es necesario mejorar la prestación de los servicios sociales en el medio rural. «Si tienen que estar cuidando de su mayores o hijos difícilmente lo podrán hacer», concluye.
