La derogación del trasvase del Ebro superó ayer el último trámite antes de que el Consejo de Ministros de mañana apruebe el decreto-ley en el que se suprimen nueve artículos de la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), uno de los cuales se refiere a la transferencia de 1.050 hectómetros cúbicos anuales al Levante y a Cataluña. Cuando la decisión se publique el sábado o el lunes en el Boletín Oficial del Estado, se habrá desvanecido, quien sabe si para siempre, el mal sueño que durante casi cuatro años ha vivido Aragón y la zona del Delta del Ebro.

La derogación se efectuará a través de un decreto-ley cuya entrada en vigor será inmediata, pero que posteriormente se tramitará como proyecto de ley en el Congreso y el Senado para dar "un nuevo espacio al diálogo", según explicó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. En estas cámaras, el PSOE ofrecerá la modificación de algún aspecto puntual de las obras alternativas al trasvase o las tarifas del agua, pero la derogación no será negociable, informa Manel Vilaseró.

El decreto no se limita a dejar la obra más emblemática del anterior Gobierno fuera de la ley, sino que establece los precios que se cobrarán a los futuros beneficiarios del agua aportada por las obras alternativas.

Las tarifas estarán en función del tipo de usuario, no de la procedencia del agua, con lo que el Gobierno esquiva la principal crítica que se había lanzado al plan alternativo por parte de los agricultores murcianos y valencianos: que el agua desalada saldría muy cara. El decreto les garantizará un precio de entre 0,12 y 0,3 euros el metro cúbico, un precio máximo incluso inferior al que preveía el trasvase.

Para los consumidores urbanos, la horquilla estará entre 0,7 y 0,9 euros, un precio muy superior al de los agricultores, pero equiparable a lo que hoy se cobra por el agua de boca. El precio más alto se cobrará a los zonas turísticas y campos de golf --entre 1,1 y 1,3--, y otro intermedio --entre 0,5 y 0,7--, corresponderá al abastecimiento de las instalaciones industriales. Hay que tener en cuenta que de los 1.058 hectómetros cúbicos anuales de agua que ofrece la alternativa Narbona , más de la mitad, 621, se obtendrán con la construcción o ampliación de desaladoras. La ministra explicó todo esto a la comisión permanente del Consejo Nacional del Agua, cuyos integrantes expresaron opiniones contrapuesta pero no se llegó a votar. La votación que, de todos modos nunca será vinculante, se efectuará en un plenario del mismo organismo que se convocará en septiembre.