La Junta de Personal Periférica de la Administración central del Estado en Aragón ha denunciado el proceso constante de externalización de los servicios y la "agresión" contra lo público, sus servicios y los empleados que ello implica, además del coste económico.
Así se ha puesto de manifiesto en la última reunión de este órgano, con motivo de la reciente orden que autoriza a la Intervención General de la Seguridad Social a contratar empresas para realizar auditorías debido a la carencia de efectivos en esta administración para realizarlas.
También a la contratación de una consultora para la implantación del modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social o el concurso para contratar los servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Según ha explicado a Efe el representante de CCOO en la Junta de Personal, Luis Miguel Olano, el Estado se aprovecha de la carencia de trabajadores, debido a que no se cubren las vacantes, para sacar adelante el trabajo y optan por la externalización, pese al coste que supone para la Administración.
CCOO pone como ejemplo que la implantación del modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social tuvo un coste de 74.417 euros para dos años, lo que suponía 8.268,64 euros al mes.por cada trabajador contratado por dicha empresa.
La adjudicación del servicio de mantenimiento informático se adjudicó por 40,4 millones para otros dos años, mientras que las auditorías van a suponer otro coste de 469.000 euros, según las sucesivas denuncias realizadas por el sindicato.
La Junta de Personal recuerda que en Aragón, los servicios públicos de la Administración General del Estado y sus empleados son los que pagan las pensiones, las prestaciones por desempleo o atienden las Oficinas de extranjería.
Además de realizar su actividad en centros penitenciarios, en las cuencas hidrográficas, en la vigilancia de pantanos y ríos, en la conservación del patrimonio forestal o en la predicciones meteorológicas.
Llevan a cabo, asimismo, las actividades de la inspección de trabajo, "cuidan, vigilan y planifican" las principales vías de comunicación, luchan contra el fraude fiscal y el contrabando ilegal, realizan el control de fronteras, o recaudan los impuestos que permiten la sostenibilidad del Estado, entre otros.
Por ello advierten de que si estos servicios desaparecen o si se reducen sus medios técnicos y humanos la prestación se deteriorará y "será la excusa perfecta para su privatización".
Mientras que los beneficiados serán "los grandes grupos financieros, que obtendrán beneficios a costa de las arcas del Estado" y que son, recuerdan, "los que han originado la crisis y están orquestando la campaña de descrédito de los servicios públicos".
