El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar del decreto del Gobierno de Aragón que regula la Justicia Gratuita desde el pasado 1 de enero. El tribunal desestima los motivos que argumentaban los colegios de abogados aragoneses para instar la paralización preventiva del decreto, por lo menos hasta que analice en profundidad si la normativa aragonesa vulnera o no algún derecho.
El recurso del consejo de colegios de abogados aragoneses contra el decreto incluía la petición de suspensión de seis puntos de la norma. Entre ellos, el que cambiaba el baremo de pago por los casos, que ha pasado de una cantidad fija a un porcentaje. Para los abogados esta pérdida de ingresos -que cifran en 245.000 euros- incide en los recursos administrativos que pueden destinar, y con ello al servicio en sí. Pero el TSJA considera, como antes lo hiciera el Supremo con un recurso similar en Andalucía, que en una época de contención de gasto el pago por porcentaje es razonable, y no está acreditado que suponga una amenaza al servicio público de Justicia.
