El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado un auto en el que acuerda la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado con respecto al decreto del Ayuntamiento de Zaragoza que prohíbe acceder a concursos públicos a empresas condenadas por operar en paraísos fiscales.
En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Aragón, parte recurrente, ha informado de que ha recibido hoy la notificación de que se había concedido la suspensión cautelar y, en este sentido, ha considerado que "una vez más, parece que no se ha extralimitado en sus funciones".
La representación del Estado en Aragón ha aprovechado el comunicado para responder al consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, e insistir en que está para velar por el cumplimiento de la ley y no "para hacer discursos demagógicos ni dar lecciones de filosofía política trasnochada".
Cubero, entre otras cosas, ha acusado a la Delegación del Gobierno de judicializar procesos municipales con "intencionalidad política" y de amparar la corrupción con recursos como este en defensa de empresas con negocios "fraudulentos" y "muy relacionadas con el PP y con sus innumerables tramas".
En el mismo comunicado, la Delegación del Gobierno sostiene que si, tal y como manifiesta el consejero, "se han pasado de uno o dos recursos por legislatura a media docena en menos de dos años", debería plantearse que "algo está haciendo mal" y deberían preocuparle las resoluciones de los tribunales cuando determinan que sus actuaciones son contrarias a derecho.
Así, ha reiterado que los recursos planteados se deben a que el ayuntamiento de la capital aragonesa contraviene las disposiciones legales vigentes y que el número de estos es "directamente proporcional a la falta de respeto a la ley por parte del actual gobierno municipal".
