Los trabajadores aragoneses de las divisiones de auxiliar de servicios y seguridad privada de la empresa Ombuds han acudido a la concentración convocada por UGT y Comisiones Obreras frente al Gobierno de Aragón para reclamar sus salarios, conseguir la resolución de contratos y pedir un margen de beneficio en la empresa.

Según Xavier Campo, secretario general de la sección sindical de UGT en la compañía Ombuds, los trabajadores no han recibido sus nóminas desde junio a pesar de que algunos de ellos estén empezando a cobrarlas "por la entrada voluntaria de la empresa en concurso de acreedores".

Ombuds, empresa que trabaja con clientes como Correos y es la tercera empresa de seguridad más importante del país, cuenta con casi 8.000 trabajadores en toda España y, según ha confirmado Campo en la concentración, hay 170 personas en la sección de seguridad de Aragón y "solo" seis han cobrado su salario a tiempo.

"El sistema que rige la seguridad privada, sobre todo en contratación, no es el adecuado porque muchas empresas han fracasado y han tenido que echar el cierre al no poder competir", ha apuntado el secretario en Aragón en respuesta a la decisión de que el cliente potencial de seguridad vaya a precio, lo que hace que las empresas "pujen a la baja" y dejen el servicio en manos de aquellas que cobran menos.

Esta situación ha provocado que la empresa no garantice "nada" a sus trabajadores porque, si no se genera dinero en Ombuds, ellos tampoco pueden obtener un margen de beneficio que facilite el pago de las nóminas de junio y julio junto a la paga extra de verano, que todavía están esperando los trabajadores.

Los vigilantes y auxiliares dependen "exclusivamente" del administrador concursal, a lo que Campo ha aseverado que "debido a una sentencia del Supremo que les hace responsables subsidiarios en el tema de deudas de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria", los clientes tienen retenidos pagos a la compañía de seguridad "por si tienen que hacerse cargo de ellos".

Desde UGT han asegurado que Ombuds, al no tener liquidez, no puede adquirir líneas de créditos de los bancos para "poder satisfacer las nóminas" de sus trabajadores mientras que, para el sindicato, el Gobierno de Aragón "debería ser garante de que se cumpla la ley de contratación pública".

Además, los trabajadores van a seguir "velando por la continuidad de la empresa" para que en la resolución de contratos no se pierdan empleos y ese 20 % de trabajadores que podrían ir a la calle si esto sucediera fueran "recolocados" en otras áreas de Ombuds Seguridad y Servicios.