De nuevo las dudas legales sobrevuelan sobre el concurso público con el que el Ayuntamiento de Zaragoza busca adjudicatario para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad y, desde ayer, también ahora lo hacen sobre el contrato más importante sacado a licitación en lo que va de año, el de la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Ambos pliegos de condiciones han sido impugnados por la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, que presentó recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón (TACPA) contra ambos.
Según apuntó el propio sindicato, el primero lo presentó el pasado viernes y el segundo ayer por la mañana, porque considera que ambos pliegos tendrían consecuencias económicas para los trabajadores, ya que ni contemplan la revisión de precios «ni han sido calculados correctamente los costes laborales de las respectivas plantillas». Por ello exige la revisión.
UGT exige que en todos los contratos públicos se incluyan las cláusulas de contenidos sociales pero también un cálculo correcto de los costes laborales, algo que según denunciaron «no ha sido tenido en cuenta». El objetivo, agregó, es impedir que las empresas pujen «a la baja» a costa de los trabajadores y para evitarlo es necesario que los contratos no contengan tengan cláusulas que las perjudiquen.
El sindicato añadió que el propio ayuntamiento no ha tenido en cuenta ni la negociación colectiva ni acuerdos de obligado cumplimiento como el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva firmado con las patronales. Ninguna de dichas licitaciones prevé la revisión de precios en los contratos, lo que para UGT conlleva «dejar herida de muerte» la negociación colectiva.
Por todo ello, exigen al consistorio que no permita que la contratación pública acabe siendo «un instrumento de desprotección laboral», y para ello debe asegurarse de que los pliegos de condiciones están «suficientemente dotados».
