La Universidad de Zaragoza estaría interesada en la implantación de un grado en Educación social. Así se desprende de la respuesta parlamentaria de la consejera de Universidad, Pilar Alegría, a una pregunta formulada por IU acerca del grado de cumplimiento de una proposición no de ley aprobada el pasado mes de mayo que insta a la regularización de esta profesión y a la implantación de la carrera.
Alegría admite que el Gobierno de Aragón «no tiene competencias para proponer titulaciones de estudios universitarios oficiales, aunque sí para autorizarlos», y, por consiguiente, subraya que la propuesta de implantación de ese grado «debe partir exclusivamente de la Universidad de Zaragoza sí así lo estima oportuno». Sin embargo, asegura que el Gobierno de Aragón «tiene conocimiento de esta iniciativa a través de la reunión de la junta gestora del Patronato del Estudio General de Huesca celebrada el pasado día 18 de abril del 2017».
Este patronato está compuesto por el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) como miembros fundadores y el propio Ejecutivo autonómico y la Universidad de Zaragoza como vocales. «En dicha sesión, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación manifestó una declaración de intenciones en este sentido», indica Alegría en su respuesta a la diputada Patricia Luquin.
En todo caso, la propia consejera matiza que el patronato dispone de una comisión técnica «que está a la espera de que, desde la citada facultad, se le haga llegar una propuesta académica para, tras su examen, elevar un informe al patronato».
En este sentido, la comisión debe valorar, «además de las consideraciones estrictamente técnicas», si una iniciativa así «se aviene al plan estratégico del campus universitario de Huesca elaborado por este mismo patronato», añade la consejera, que añade al respecto que «en consecuencia, el Gobierno de Aragón ya viene trabajando conjuntamente con el resto de instituciones tanto en el patronato como en la citada comisión técnica».
Sin embargo, fuentes de la Universidad de Zaragoza consultadas ayer por este diario se limitaron a declarar que «se está estudiando la demanda y viabilidad de acuerdo a un mandato de las Cortes de Aragón». La institución académica se refiere aquella iniciativa llevada al Parlamento por IU y que fue aprobada por unanimidad.
Así, el Legislativo aragonés reclamó un proyecto de ley estatal para regularizar la profesión de educador social. Todos los grupos parlamentarios respaldaron la proposición no de ley en un debate en el que también participaron la popular Rosa Plantagenet, la socialista Pilimar Zamora, la diputada de Podemos Amparo Bella, María Herrero (PAR) y Javier Martínez (Ciudadanos).
El texto recoge asimismo instar al Ejecutivo y a la universidad a implantar el grado y trasladar este acuerdo al Gobierno de España, a los grupos del Congreso y al consejo de educadores sociales de Aragón.
