Los vecinos de Cadrete han dicho basta y han decidido pasar a la acción con movilizaciones para exigir al Gobierno que adopte medidas «reales» contra la okupación, un problema que llevan meses sufriendo en sus calles.

La primera marcha ha tenido lugar este miércoles en la N-340, y partió en sentido Zaragoza desde el kilómetro 484, donde hay una vivienda okupada desde hace semanas y cuyos inquilinos increparon a los manifestantes, a quienes acusaron de racistas.

La alcaldesa, María Ángeles Campillo, ha explicado que en los últimos días se ha okupado otra vivienda más, que se suma a la decena en esta situación. «Actualmente hay cinco con una denuncia en el Juzgado de lo Social pendiente de tramitarse y un desalojo previsto para septiembre», ha dicho. Una situación que les ha llevado a exigir a pie de calle un cambio en la normativa para que la usurpación de las viviendas se considere un delito. «Es la única manera de parar a esta gente, que decide meterse en la casa de los demás, generando problemas de convivencia e inseguridad entre los vecinos».

Según la alcaldesa, hace meses que se aprecia la inseguridad entre los vecinos, pese a que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia. Desde la Alcaldía ya se han puesto en contacto con la Delegación del Gobierno de Aragón para solicitar su autorización e instalar cámaras de videovigilancia en las calles más vulnerables con el ánimo de, al menos, disuadir a aquellos que pretenden usurpar una vivienda.

Cadrete no es el único municipio que se encuentra en esta situación. El concejal del grupo municipal de FIA en el Ayuntamiento de Utebo, Antonio Lahuerta, ha alertado de los «robos continuos» y las okupaciones de unas seis viviendas de la localidad. El edil ya ha trasladado su preocupación y ha pedido al equipo de Gobierno de PSOE e IU que inicien todas las medidas posibles.

También ha propuesto crear un protocolo con urgencia que evite los problemas de okupación, basado en la solicitud inicial de un informe de la situación actual en Utebo y que se potencie la vigilancia y se mejore la coordinación entre las Administraciones y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.