Las Cortes rechazaron ayer la proposición no de ley presentada por CHA para reforzar las medidas de atención sanitaria, apoyo y protección jurídica a las víctimas de agresiones racistas y xenófobas. PSOE, PP y PAR --que rechazaron todo tipo de violencia-- argumentaron que varias de las iniciativas propuestas ya se ejecutan, mientras que otras podrían plantear un agravio comparativo respecto a otros ciudadanos.
El diputado Gonzalo González (CHA) pidió al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de un protocolo de actuación para atender a estas víctimas, tras recoger varios estudios sociales que aseguran cómo este tipo de violencia se ha disparado en la comunidad. También solicitó al Justicia que atienda estas denuncias y que se dirija al Defensor del Pueblo para interponer un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la Ley de Extranjería.
La propuesta planteaba también la creación de una mesa contra la intolerancia en el deporte, cursillos formativos dirigidos a la Policía Local sobre intervención con inmigrantes o el control, por parte de la Dirección General de Consumo, del abuso de algunos locales del derecho de admisión.
La socialista Encarna Mihi aseguró que ya se están sancionando a los establecimientos que no permiten la entrada a determinadas personas. Y Yolanda Vallés (PP) y Teresa Perales (PAR) recordaron las actuaciones policiales llevadas a cabo.
