Zaragoza no puede esperar a la Ley de Capitalidad para garantizar servicios

"Si la ley de Capitalidad llega a fin de año no sirve para los once meses anteriores", porque "cada servicio tiene un problema y no se puede esperar a fin de año para dar una solución a la prestación", ha advertido hoy el vicealcalde de Zaragoza y responsable de las cuentas municipales, Fernando Gimeno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno de la ciudad.

Una sesión en la que se ha dado cuenta del informe técnico, que se ha remitido al Gobierno de Aragón y grupos municipales, en el que se evalúan las consecuencias de dicha ley sobre los servicios que ahora presta el municipio y que afectará a 760 empleos directos y a 106,2 millones de euros del presupuesto, que dejarían de gastarse.

Gimeno ha subrayado que esta norma supone una "profunda alteración" en la capacidad de intervención y autonomía de los ayuntamientos así como que la falta de un "adecuado y claro" proceso transitorio va a implicar una mayor coordinación institucional.

En este informe se analizan las competencias definidas como propias por los municipios en la ley, cuáles se mantienen inalteradas y cuáles dejan de ser propias y pasan a la Comunidad autónoma; y qué servicios que presta el Consistorio se quedan sin habilitación competencial.

También evalúa el impacto de cada uno de los servicios afectados por las competencias que dejan de ser propias en cuanto a personas afectadas y coste para el Ayuntamiento.

El informe analiza asimismo las competencias recogidas en el artículo 25 de la nueva ley y las consecuencias de la supresión del artículo 28 de la antigua Ley de Bases de Régimen Local, que ha sido derogado.

Así, se modifican las competencias de Medio Ambiente Natural, que suponen un coste de 1,1 millones de euros y del que dependen 19 empleados públicos; la protección y defensa de los consumidores, valorado en 595.549 euros y con 8 empleados; de Juventud, con un coste de 3,1 millones y 42 trabajadores; la Promoción de la Igualdad de Género, presupuestado en 2,7 millones y con 33,4 trabajadores; y el Instituto Municipal de Empleo IMEFEZ y Zaragoza Activa, que cuestan 10,7 millones y dan trabajo a 185 personas.

Además de los servicios sociales, en los que están incluidos la ayuda a domicilio y teleasistencia, la cooperación al desarrollo, los centros de convivencia de mayores, los de prevención de adicciones, la Casa Amaro y la de las Culturas, las casas de acogida a mujeres víctimas de violencia y la atención a la infancia, entre otros, que tienen un coste de 55,3 millones y emplean a 218 personas.

En Educación se pierden las competencias de las escuelas infantiles y artísticas, de la universidad popular, de jardinería el Pilar y las aportaciones complementarias a la educación obligatoria, presupuestadas en 32,4 millones de euros y de los que dependen 254,3 empleados públicos.

Según Gimeno, con estos datos se va a poder negociar como concretar las prestaciones, aunque reconoce ser consciente de los problemas que puede tener la Comunidad autónoma, que no ha previsto dotaciones en los presupuestos para los ayuntamientos aunque sí para las comarcas.

Para Gimeno, lo deseable sería que en un plazo de un mes se haya avanzado en la negociación y ha advertido de la necesidad de intentar un acuerdo.

Respecto a la pérdida de dedicación exclusiva que en el Ayuntamiento de Zaragoza afectaría a nueve concejales, Gimeno ha dicho que se va a remitir una circular al Ministerio de Hacienda solicitando que se le reconozca las excepciones que recoge la ley.

Según el vicealcalde, se han establecido tres requisitos: que en el pago a proveedores el Ayuntamiento no sobrepase 30 días sobre el límite de la morosidad; cumplir la estabilidad presupuestaria, que Zaragoza "cumple de sobra"; así como los ratios de endeudamiento del 110 %.

En este sentido, como responsable de Hacienda ha asegurado que el Ayuntamiento puede hacer un plan para cumplir este ratio en 2015, ya que actualmente está en el 128 y a final de año calcula que lo habrá reducido al 110.