El Ayuntamiento de Zaragoza pedirá al Gobierno de Aragón la concertación de 120 plazas de residencia en la Casa Amparo, más del triple de las que actualmente paga el Gobierno autonómico para derivar a mayores del sistema de dependencia. De este modo, tratará de mitigar el continuo descenso en el número de residentes al que contribuye también el propio Ejecutivo autonómico, que no repone las bajas en el centro.
Pero lo hará con un método nuevo que no ha gustado nada a la Administración municipal. Por primera vez, el consistorio tendrá que adherirse al acuerdo marco de concertación de plazas que ha convocado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y competir con otras residencias de titularidad privada que también quieran concertar sus plazas con la DGA. De hecho, desde el Ejecutivo autonómico se ha descartado reeditar la fórmula del convenio, con la que ahora se estaban concertando camas en este centro residencial de la capital aragonesa. El último, firmado el pasado año, establecía concretamente la derivación de 37 plazas para el 2014 y el 2014.
Este mismo mes de octubre, el área de Bienestar Social del Gobierno de Aragón ha sacado a concurso el acuerdo marco de concertación de plazas residenciales por 60 millones de euros para cuatro años. Y obliga también a que concurran al proceso los centros de las administraciones municipales.
IGUALDAD "La voluntad del Gobierno de Aragón, a través del IASS, es que se integrasen en este contrato en plena igualdad todas aquellas entidades, empresas y Administraciones Públicas que ponen a disposición de este organismo plazas para personas mayores en situación de dependencia para su inclusión en la ya red de plazas", indicaron fuentes del Ejecutivo autonómico. De hecho, indicaron, tanto la Intervención Delegada como la Intervención General del Gobierno de Aragón han manifestado que la fórmula del convenio no era la correcta desde el punto de vista de la legislación en contratos del sector público.
Así lo hará el consistorio, aunque su opción preferente hubiera sido reeditar el convenio actualmente vigente. Sin embargo, desde el propio IASS se avisó al ayuntamiento que, de no concurrir a la licitación, "las 37 plazas actualmente ocupadas quedarán sin cobertura jurídica, con el grave trastorno que ello ocasionaría a los usuarios y sus familias". El Ejecutivo autonómico paga por estas plazas 48,81 euros al día, es decir 1.484 euros al mes por cada residente y 411.562 euros al año.
Como contexto de toda esta situación, el centro atiende a una media de 170 dependientes al año y es deficitario, si se tiene en cuenta el balance económico realizado por la Unidad de Gasto del Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la reforma local. De hecho, según estos datos, el gasto anual de la residencia es de 7,3 millones de euros, 2,5 millones destinados a pagar las nóminas de los 65 trabajadores que prestan servicio en la residencia y otros 3 millones para gasto corriente, como cifras más abultadas.
En el capítulo de ingresos solo se contemplan 1,5 millones de euros, procedentes de las cuotas aportadas por los propios residentes (1 millón de euros) y el medio millón de euros procedentes de la transferencia de la DGA por el convenio suscrito por el ayuntamiento (cifras del 2012, cuando el convenio era mayor). Es decir, 5,8 millones de euros de déficit anual.
A tenor de estas cifras, cada residente cuesta al Ayuntamiento de Zaragoza una media de 2.840 euros mensuales, el doble de la financiación aportada por el Gobierno de Aragón. A pesar de ello, desde el consistorio se apuesta por la concertación.
