El Ayuntamiento de Zaragoza también tendrá un Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de recursos contractuales al que podrán recurrir las empresas, en lugar de hacerlo al autonómico, como hasta ahora. La comisión de Hacienda votó ayer a favor de la propuesta del Gobierno de PP y Cs aunque todavía tiene que elegir a los miembros del mismo y debe ser ratificado en el pleno.

La concejala de Hacienda, María Navarro, explicó que era uno de los objetivos marcados en el plan de choque elaborado al inicio de la legislatura para tratar de desatascar la situación del consistorio, con varios contratos en el tintero desde hace años, y que se verá agravada en los próximos meses, dado que se espera que se disparen las reclamaciones por la suspensión de los contratos durante la pandemia. Por este motivo, apuntó, se ha decidido impulsar su creación con la finalidad de que en octubre pueda comenzar su andadura y evitar más atascos. De hecho, uno de los que más veces pasó por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), fue el de Parques y Jardines que sigue sin licitarse y sin visos de que vaya a hacerse porque no está incluido en el paquete de servicios que quiere desatascar Navarro antes de final de año por valor de 228,9 millones. Corresponden a siete de los más importantes, como el del mantenimiento del viario público, por 35, el servicio de ayuda a domicilio, por 84, o el de limpieza de edificios, por 78 millones, entre otros.

Este tribunal será «independiente, imparcial y objetivo» y estará compuesto por funcionarios A1 con una experiencia mínima de 15 años en la rama del Derecho Administrativo relacionada, «preferentemente», con la contratación pública.

Tiene como propósito «agilizar» y «simplificar» los trámites a los licitadores en los procedimientos administrativos, además de «ampliar» los mecanismo garantistas de la contratación con la finalidad de «evitar un atasco en la jurisdicción» y «descongestionar y racionalizar la entrada de asuntos en los tribunales». El siguiente escalón sería el contencioso-administrativo. En resumen, tendrá exactamente las mismas funciones que el Tribunal de Contratos de Aragón, dependiente de la DGA.