La contienda entre el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Zaragoza está servida. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la Delegación del Gobierno en Aragón ha trasladado el requerimiento para que se anule el acuerdo con los sindicatos para abonar a todos los trabajadores municipales el 25% de la extra de Navidad del 2012 este año, y la respuesta del Gobierno municipal fue la de desestimarlo. Una decisión que obedece, entre otros motivos, a que se interpreta que esta petición obedece más a "intereses políticos" que a razones técnicas o jurídicas.

Así lo defendió la responsable municipal de Régimen Interior, Lola Ranera, quien dio por hecho que esta negativa desembocará en un contencioso administrativo en el que el consistorio se verá las caras con la Administración del Estado, y ante el que no parecen tener miedo. Al menos por la impresión dejada ayer por el vicealcalde, Fernando Gimeno, quien aseguró que "no tienen opción de que se le acepten las medidas cautelares que seguro que piden" al juez. Haciendo referencia, obviamente, a que el magistrado que instruya la causa pueda exigir al consistorio que no haga frente a la mitad de ese 25% de la paga en la nómina del próximo mes de mayo, como se pactó con los sindicatos municipales.

¿Y A LAS CORTES NO?

"Otras instituciones como las Cortes de Aragón también lo han hecho, incluso han pactado pagar más, y nadie les ha requerido que anulen ese acuerdo", señaló Ranera, quien insistió en que el acuerdo alcanzado para reembolsar la parte devengada --correspondiente a los 44 días que ya habían transcurrido antes de que se aprobara el decreto del Gobierno central del 14 julio del 2002-- tiene "fundamento jurídico suficiente". Y no solo por el pronunciamiento de los juzgados de lo Social, sino también por la vía contencioso administrativa en otras ciudades de España.

En su escrito, informó Ranera, la Delegación del Gobierno en Aragón requería "anular y rechazar" este acuerdo con los sindicatos por el que el ayuntamiento se comprometía a abonar ese 25% de la paga extra del 2002 en dos pagos a realizar en mayo y en octubre.

Así que, por intereses políticos o no, ambas Administraciones se verán las caras en los tribunales, en un contencioso que ya dan por hecho en el consistorio. Mientras, la Junta de Personal municipal ya ha solicitado una reunión urgente con Ranera para ser informados.