Amnistía Internacional ha asegurado que las medidas tomadas a las residencias de Cataluña y Madrid han estado "ineficientes e inadecuadas y han vulnerado como mínimo cinco derechos humanos". En un informe titulado 'Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las pesonas mayores en residencias durante la pandemia en el Estado', la organización ha asegurado que se ha vulnerado el derecho a la salud, el derecho en la vida y a la no discriminación, así como el derecho en la vida privada y familiar y al de tener una muerte digna. La organización ha asegurado que durante la primera oleada no se garantizó el traslado en los centros sanitarios de los residentes cuando era necesario y que este también vivieron un tiempo largo aislados de los familiares y de la vida exterior.
La organización ha afirmado que la denegación del derecho a la salud está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad e infrafinanciación de la sanidad en el Estado. En este sentido, ha asegurado que el "desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública" se manifestó a Madrid y Cataluña durante la primera oleada, por ejemplo con la carencia de EPI y PCR.
Además, asegura que muchos residentes "quedaron excluidos de la derivación hospitalaria de manera generalizada y tampoco recibieron la atención que necesitaban". AI ha reconocido que durante los últimos meses se han mejorado algunos aspectos pero otros han continuado vigentes durante la segunda oleada. Así, ha afirmado que se continúan sin garantizar plenamente las visitas a familiares y se mantienen indicaciones para tratar los residentes en los centros y no en los hospitales, unas medidas "discriminatorias".
Falta de personal
Además, ha criticado que no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes. Amnistía ha asegurado que tanto la Generalitat como el gobierno de Madrid "fracasaron" en la implementación de medidas y, además, no adoptaron de alternativas para garantizar la asistencia sanitaria médica adecuada. La organización ha aseverado que hubieron personas que "no pudieron acceder" al tratamiento que necesitaban y hubieron momentos "donde no se hicieron ingresos hospitalarios y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya de forma fatalmente tarde". Ha añadido que también hubieron "obstáculos" para el trasladado a través del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Amnistia Internacional ha pedido a las autoridades y en particular a las de Cataluña y Madrid aplicar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión respete los derechos humanos.
A corto plazo, pide asegurar que las decisiones sobre la atención médica a las residencias "se hace en base a evaluaciones individualizadas". "Se tienen que eliminar ya las disposiciones de los protocolos de derivación de Cataluña y Madrid que pueden dar lugar a medidas discriminatorias. Además, el contacto regular de familiares y residentes se tiene que garantizar", ha añadido la organización. A largo plazo, ha instado al Gobierno español a impulsar la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de los residentes. Además, ha pedido a la fiscalía seguir de cerca la situación a las residencias e impulsar investigaciones cuando haya abusos o irregularidades.
