El Juzgado de lo Social de Teruel albergará este jueves el primero de los juicios promovidos por los sindicatos médicos de Aragón contra el Gobierno autonómico por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma por no proporcionar equipos de protección individual (EPI) adecuados para desarrollar su labor.
Este juicio, al que seguirán otros en Huesca, el próximo lunes, y en Zaragoza, el 8 de junio, se deriva de las medidas cautelarísimas solicitadas el pasado mes de marzo por la Federación Aragonesa de Médicos Titulares (Fasamet) para reclamar la dotación de estos equipos a los profesionales sanitarios de las tres provincias.
El Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza y, posteriormente, los de Huesca y Teruel estimaron esta iniciativa legal y ordenaron a la administración sanitaria la entrega del material necesario a los sanitarios para llevar a cabo de forma segura su actividad, primero en un plazo de 24 horas y posteriormente, tras las alegaciones presentadas, a medida de que estuvieran disponibles.
En concreto, los sindicatos reclamaban batas resistentes a líquidos o impermeables, mascarillas FFP2 o FFP3, protección ocular antisalpicaduras o pantallas faciales, guantes, gorros, calzas específicas, hidroalcohol biocida y contenedores de residuos de diversos tamaños.
La petición se fundamentó ante el «riesgo grave» para la salud tanto de los sanitarios como de los pacientes a causa del coronavirus, un argumento que fue aceptado por los titulares de los juzgados de lo social de Huesca, Zaragoza y Teruel.
La decisión del Gobierno aragonés de recurrir las medidas cautelarísimas, que también pasó por unas declaraciones de Lambán mandando a los jueces a fabricar mascarillas (por lo que luego pidió perdón) derivó en la presentación de demandas por parte de Fasamet para denunciar que la no puesta a disposición de los sanitarios de los equipos de protección necesarios para evitar contagios suponía una violación de derechos fundamentales.
Según las fuentes referidas, al plantearse una cuestión sobre los derechos fundamentales de estos empleados públicos, los magistrados han solicitado la presencia del ministerio fiscal ante la posibilidad de apreciarse una posible actuación a valorar desde un punto de vista penal.
Los sanitarios añadieron que a pesar de que la situación ha cambiado desde las primeras semanas del estado de alarma y hay una mejor disposición de equipos de protección en los establecimientos sanitarios, desde centros de salud de zonas rurales periféricas se ha expresado preocupación ante la posibilidad de que nuevos rebrotes de la enfermedad causen más carencias.
A juicio de las citadas fuentes, «nadie tiene que ser un héroe en su trabajo, sólo un profesional bien equipado y bien protegido para desarrollar su trabajo».
