A menos de un mes para la Semana Santa, los Gobiernos autonómicos se debaten entre levantar o no el confinamiento perimetral establecido para poner coto al covid-19. La intención del Ministerio de Sanidad es clara: que esos días festivos no rompan la tendencia positiva pandémica, escapar de una posible ola de coronavirus. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende que "a priori" no es partidaria de cerrar, aunque sí de mantener el toque de queda. Las intenciones de la dirigente del PP han soliviantado a varias comunidades, e incluso ha encontrado resistencia por parte de Ignacio Aguado.

El vicepresidente madrileño, de Ciudadanos, considera que solo "las personas vacunadas" deberían poder "moverse libremente por todo el territorio nacional". "Es mi opinión personal respecto a lo que podría ser una apertura gradual de las restricciones y una mayor movilidad". Sin embargo, Ayuso se ha apresurado a corregirle y ha dado un paso más en su estrategia: "No veo mal que en Semana Santa vengan ciudadanos de otros sitios a mover la economía, que es lo que necesitamos". "Me sorprende que (Aguado) no lo haya mencionado en las dos horas que hemos estado en el Consejo de Gobierno. Quien tiene que decirlo si fuera conveniente es la Consejería de Sanidad. Todas las decisiones las tomo después de escuchar a Sanidad", ha recalcado.

La resistencia a la idea de Ayuso ha sido mucho más fuerte fuera de las fronteras madrileñas. Desde la Comunidad Valenciana, Ximo Puig ha hablado con Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares y Aragón para poner en común la necesidad de cerrar fronteras en Semana Santa para reducir las posibilidades de una cuarta ola de la pandemia. Según las fuentes de la Generalitat, la sintonía ha sido total con el resto de responsables autonómicos, entre los que hay de diferentes partidos, no solo socialistas. De hecho, el presidente murciano, Fernando López Miras, es del PP, y el titular en funciones catalán, Pere Aragonès, es de ERC. Emiliano García-Page, Javier Lambán y Francina Armengol representan al PSOE.

La portavoz manchega, Blanca Fernández, ha pedido a la vecina Comunidad de Madrid "paciencia" y un "último esfuerzo". "Quiero lanzar hoy un mensaje tanto al PP como a la Comunidad de Madrid: Por favor la perimetración evita la salida de ciudadanos de aquellas comunidades autónomas que tienen una incidencia más alta que otras, y aquellas regiones que tienen mucha población y puede afectar a otras y les puede complicar los datos. Eso tiene coste en vidas", ha advertido la también consejera de Igualdad.

La Junta de Castilla y León ha respondido a la posición madrileña pidiendo "aplicar un criterio de prudencia y que sea homogéneo" en todo el territorio nacional, según el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Ángel Ibáñez.

También el jefe del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que convoque a sus homólogos en las comunidades autónomas para tratar de consensuar una postura en todo el país sobre las restricciones y su posible flexibilización de cara a Semana Santa.

El consejero de Salud en Andalucía, Jesús Aguirre, también opta por la prudencia en la desescalada de restricciones ante la expansión de la variante británica y la "fase de meseta" que tiene actualmente la curva de contagios: "Una apertura rápida nos puede llevar luego a un paro en seco", ha advertido.

Criterios técnicos

La postura de los técnicos del Ministerio ya la comentó este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien subrayó que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones.

"Soy epidemiólogo, me interesa controlar la epidemia, y obviamente mis visiones son diferentes de las que puedan tener, por ejemplo, los empresarios. Si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura, creo que no se debe ni plantear", zanjó. El objetivo en Sanidad es claro: que la incidencia baje de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.