Agentes de la Policía Nacional han detenido a 313 personas e imputado a otras 328, en las provincias de Barcelona y Girona, por fraudes a la Seguridad Social que superan los 7,7 millones de euros. Mediante la creación de un total de 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona, la trama habrían logrado producir 1.544 altas en la Seguridad Social de forma fraudulenta con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la obtención y renovación de permisos de residencia.
Las tres investigaciones ahora finalizadas comenzaron hace varios meses al ser detectadas las empresas que supuestamente estaba cometiendo fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La investigación ha sido realizada por agentes de la Policía Nacional como por inspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En una primera investigación, la policia detectó un total de 12 empresas ficticias, con domicilio social en la ciudad de Barcelona, que daban de alta a trabajadores extranjeros, hasta un total de 744, para que pudieran cobrar prestaciones o subsidios por desempleo u obtener permisos de residencia.
Segunda investigación
La segunda de las investigaciones se desarrolló en Barcelona a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano. Este afirmaba que tres varones paquistaníes habrían creado una empresa ficticia usurpando su nombre y falsificando su firma. Comprobada la denuncia, se constató la existencia de un total de seis empresas con idéntica estructura y administradores, coordinadas y asesoradas por una gestoría de la ciudad condal. Las empresas simulaban contratos de trabajo y posteriores despidos a ciudadanos extranjeros que intentaban regularizar su situación administrativa en España o adquirir los derechos requeridos para poder percibir prestaciones o subsidios por desempleo.
La tercera de las operaciones se inició en el mes de junio del 2013 cuando se recibieron informaciones referentes a la existencia de una empresa ficticia, dedicada a la construcción, en Mataró (Barcelona). Las investigaciones permitieron detectar otras 11 empresas que tenían en común a sus administradores de origen marroquí y el domicilio social. Entre todas ellas se comprobó el trasvase de trabajadores, a alos que se deba de baja de baja en unas y, acto seguido, de alta en otra mediante contratos falsos de trabajo que permitía a los interesados solicitar o renovar sus permisos de residencia y acumular los periodos mínimos exigidos por la ley para cobrar prestaciones o subsidios por desempleo.
A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa.
