La instrucción del caso CAI avanza lentamente, pero en los últimos días los demandados han pasado al ataque. El abogado defensor de los acusados --entre los que figuran el exdirector general de CAI, Tomás García Montes, y el que fuera responsable de CAI Inmuebles para la zona centro y sur de España, Javier Alfaro-- ha presentado ante el juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza un escrito en el que solicita una batería de pruebas (testificales y documentales) para que la jueza pueda tener información sobre las prácticas habituales de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de la caja.
En concreto, pide que testifiquen altos cargos de la entidad que, según el documento entregado en el juzgado, se beneficiaron de viajes y descuentos en los préstamos para la compra de pisos con cargo a los fondos de CAI hasta el año 2009. De esta forma --argumenta la parte demandada-- se quiere acreditar la inocencia de sus clientes, tras la querella presentada por la caja contra estos por apropiación indebida y administración desleal, porque eran unas prácticas extendidas en esos años en CAI. Con estos testimonios, añade el abogado defensor, la magistrada puede constatar el régimen de "autorización, normalidad y legalidad", tanto de los viajes como de los descuentos en pisos que se les imputa a sus defendidos.
PRÁCTICAS "HABITUALES" Así, se solicita el interrogatorio de Antonio Aznar, que era vicepresidente de CAI cuando los miembros del consejo y de la comisión de control realizaron un viaje a Egipto en el 2005. Aznar fue presidente de la caja cuando también fueron a Tenerife (2006), Suiza (2007) y Lisboa (2008). Todo ello con cargo a los fondos de la caja, apunta el escrito.
Otro de los que aparecen como posible testigo es Julián Puente, directivo de CAI Inmuebles y del departamento de Vivienda de la caja, que durante el periodo en el que se llevaron a cabo diversos viajes organizados por Ramón Marrero (socio en negocios inmobiliarios de CAI en Andalucía) y por las sociedades que administraba, así como por otras sociedades participadas por CAI, al Lago de Como (Italia) y Mallorca. A estos viajes y a otros organizados por Tinsa (participada por CAI) a Canadá, Kenia y México también acudieron diversos directivos de la entidad.
DECLARACIÓN "TRASCENDENTE" Además, se incluye en la nómina de testigos a Rafael Aguelo, director de Recursos Humanos de la red de oficinas y director comercial entre los años 1999 y 2007. Este, según se señala en el escrito, asistió invitado con acompañante a diferentes viajes organizados por la sociedad Ahorro Corporación --participada por CAI-- o sociedades de su grupo. Juan Antonio García Toledo, que también aparece como posible testigo, asistió en compañía de su esposa a varios viajes, entre ellos a Roma (mayo del 2008), así como a los que miembros del consejo de administración y de la Comisión de Control realizaron a Tenerife, Suiza y Lisboa.
Para la parte demandada, la declaración de estos testigos resulta "trascendente" a efectos de acreditar la irrelevancia penal del viaje a Egipto realizado en sus días por los demandados por CAI, ya que estos se comportaron con "absoluta normalidad y legalidad", pues era "absolutamente habitual y generalizado que los altos cargos y directivos realizaran viajes de ocio a los que eran invitados por personas, empresas y entidades con los que se relacionaban en el desarrollo de sus funciones en CAI".
Pero la nómina de pruebas testificales no queda ahí. A los antiguos directivos, se añaden varios empresarios de Aragón, que fueron socios de la CAI en proyectos inmobiliarios cuando parte del consejo de administración de la caja y diversos promotores realizaron un viaje al Puerto de Santa María (Cádiz) en el año 2005. En concreto, se trata de Roberto Machín (grupo Machín), Miguel Ángel Castillo Malo (Grupo Castillo Balduz) y Juan Forcén Márquez.
COMPRA DE VIVIENDAS El escrito, no obstante, no se limita exclusivamente a los viajes realizados en esos años sino también a las operaciones de compra de viviendas con jugosos descuentos, algo de lo que CAI también acusó a García Montes y compañía. Así, el abogado de los acusados pide a la jueza que llame a declarar a Antonio Hernández Borja (director general adjunto de CAI), Julián Puente (director del departamento de vivienda de la entidad) y Rafael Aguelo (director comercial de CAI) como compradores de una vivienda en el Puerto de Santa María, a a la sociedad El Soto de Vistahermosa, participada por la entidad. Asimismo, se insta a que declare como potencial testigo a Luis Calvera (exdirector general de CAI) que compró una vivienda en la ciudad de Estepona (Málaga) a la participada Arcai Inmuebles.
Según aparece en el escrito remitido al juzgado, la declaración de todos ellos es "fundamental" para la instrucción de la causa, ya que "conocen de propia mano las cuestiones relativas a la compraventa de viviendas en el Residencial Las Gardenias, en el Puerto de Santa María y en otras actuaciones de sociedades participadas, siendo ellos mismos compradores de alguna vivienda". Así, se añade que ello puede demostrar que las compraventas de dichas viviendas "no suponían irregularidad ni excepcionalidad alguna" y que "no se hicieron en perjuicio económico de las sociedades participadas por la CAI". "Mis mandantes no fueron los únicos directivos que se beneficiaron de la política comercial vigente", reza el escrito presentado al juzgado.
