Semblantes serios y una postura común protagonizaron ayer la reunión del sector frutícola aragonés con el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, para poner cifras a la afección en la comunidad del veto ruso a la llegada de algunos alimentos procedentes de la Unión Europea (UE). Según las organizaciones agrarias y el Gobierno de Aragón, de los 416 millones de kilos de producción estimada para este año de melocotón, nectarina y paraguayo, quedan todavía por recoger unos 166 millones, de los que 83 millones no podrán entrar en Rusia, su destino inicial. Nadie se atrevió a cuantificar económicamente los efectos del cierre de esta frontera --se habla de unos 50 millones de euros--, ya que se esperan consecuencias colaterales por la saturación de los mercados, pero todos exigieron que sea la UE la que pague "el 100%" de las pérdidas "con el fondo para crisis, no con el del sector", ya que "el problema no lo ha causado el campo, sino una decisión política".

Entre las medidas que Lobón trasladó ayer al ministerio para que las defienda hoy en Bruselas destacan la retirada del 30% de la producción media de las últimas tres campañas (cuyo volumen está por precisar), una decisión de la que deben beneficiarse todos los productores de fruta --estén o no integrados en organizaciones--, con una indemnización de 0,27 céntimos de euro por kilo, así como la transformación en zumo para la beneficencia de tres millones de kilos de fruta de hueso (un millón más que hace 15 días). En este sentido, Lobón instó a la UE a "dar la talla" y "responder con contundencia".

En cuanto a las organizaciones agrarias, todas manifestaron su profunda preocupación. Vicente López, responsable de fruta de UAGA y productor, alertó de que "si el veto va para largo, esto solo es la punta del iceberg" de lo que puede suceder en las próximas semanas con la fruta de pepita. "Polonia es el principal productor europeo de manzana y vende el 80% en Rusia. Si no puede, lo colocará en Europa y supondrá una catástrofe para España", avisó. Lo mismo sucederá con la campaña de cereza aragonesa, de la que se exporta a Rusia el 50%. Por eso, López pidió aplicar la "preferencia comunitaria" --que no entre fruta de fuera mientras haya excedente producido en Europa-- e incidió en el "efecto dominó" que se está produciendo en los precios.

ESPECULACIÓN También se mostró muy crítico ante la especulación José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón. "Los 83 millones de kilos que tenían que ir a Rusia se quedan en el mercado europeo, y el precio ha bajado de una manera brutal. En España ya hay cadenas de la gran distribución que ordenan a sus interoperadores que bajen los precios de compra a las cooperativas", denunció.

José Manuel Cebollada, presidente de Asaja Aragón, calificó la situación de "problema de Estado" y exigió "celeridad" en la toma de decisiones por parte de Europa porque "se trata de productos perecederos". "El mercado se ha hundido por completo y la desesperación es total", lamentó, mientras que Miguel Ángel Gómez, secretario de Araga, recordó que ganar nuevos mercados "no se logra en días ni en meses, sino con tiempo y con un producto de calidad". Finalmente, José Víctor Nogués, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, pidió ayudas directas a las inversiones para frío o transporte llevadas a cabo por empresas del sector "ante las buenas previsiones y que difícilmente son cuantificables".

A la espera de la reunión de técnicos de hoy en Bruselas, y de la que no se esperan medidas adicionales a las ya anunciadas --aumento del 5% al 10% la fruta que se puede retirar--, el conflicto podría judicializarse. Los agricultores catalanes amenazaron ayer a la Comisión Europea con llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE por "sus responsabilidades por omisión del deber de haber declarado la perturbación de mercado semanas atrás". Por otro lado, la situación está creando también tensiones entre los propios países miembros. Ayer, volvió a suceder un ataque de agricultores franceses a camiones catalanes, que fue denunciado por Asaja.