Aragón volvió a ser en enero la comunidad española con los precios de los carburantes más baratos. Según los datos del Ministerio de Industria, tras ella se situaron Navarra, el País Vasco y La Rioja, precisamente las cuatro regiones que no aplican el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos (el denominado céntimo sanitario).

Aragón suele ocupar esta posición de forma recurrente en la estadística del ministerio, que, de nuevo, volvió a colocar a Huesca como la provincia española donde resulta más barato llenar el depósito. En concreto, la gasolina 95 en las estaciones de servicio oscenses registró un precio medio en enero de 1,338 euros por litro, mientras que el diésel se vendió a 1,282 euros por litro.

Le siguen, en el caso de la gasolina, Zaragoza (1,34 euros porlitro), Teruel y Navarra (1,344 euros), Vizcaya (1,347 euros), LaRioja (1,353 euros), Álava (1,357 euros), Guipúzcoa (1,361 euros) y Lérida (1,374 euros). En el caso del gasóleo, tras Huesca figuran Zaragoza (1,285 euros), Navarra (1,288 euros), Teruel (1,296 euros), Vizcaya (1,306 euros), Álava (1,308), La Rioja (1,31 euros), Lérida (1,316 euros) y Guipúzcoa (1,318 euros).

LAS PROVINCIAS MÁS CARAS Por el contrario, los carburantes más caros se encuentran en Baleares, con una media de 1,45 euros el litro de gasolina y 1,415 euros el litro de gasóleo. En gasolina le siguen Valladolid (1,421 euros el litro), Córdoba y León (1,416 euros) y Jaén, Alicante, Palencia, Málaga y Ávila (1,414 euros).

Buena parte de estas diferencias se deben a la diferente fiscalidad autonómica que aplican las regiones a los carburantes, y que, según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), provoca "desvíos artificiales de consumo". Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido reiteradamente de que las estaciones de servicios ubicadas en comunidades con menor presión fiscal aprovechan esta circunstancia para subir los precios y elevar sus márgenes.

El pasado 27 de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el impuesto de hidrocarburos que aplican algunas comunidades y cuyos ingresos se destinan, en teoría, a fines sanitarios y medioambientales vulnera la legislación comunitaria. Así, lo decláro ilegal y obligó a reembolsarlo.