La Asociación de Hoteles de Zaragoza (AHZ) apuesta porque la futura normativa que regule el uso turístico de las viviendas garantice los derechos del consumidor y priorice la defensa de los derechos del consumidor, su seguridad y el sostenimiento del sistema público existente.

Con esta demanda también pretende la asociación que se genere empleo en el sector, así como al desarrollo de una actividad económica transparente que contribuya al sostenimiento del sistema actual de Seguridad Social y a generar riqueza en la sociedad del destino en que se que encuentren estas viviendas, según se argumenta en una nota de prensa de la AHZ.

El sector hotelero comparte la conveniencia de que exista una oferta de alojamiento diferenciada y conformada por las viviendas particulares, si bien, esta oferta "debe estar bajo el ámbito de aplicación de unas normas de juego claras y específicas que garanticen que el cliente vaya a ser atendido ante cualquier tipo de incidencia que se pueda generar durante su estancia en la vivienda".

Además se insiste en que el turista pueda ejercer los derechos que le atribuye la normativa y que su seguridad y la del resto de la sociedad queden salvaguardadas.

Recuerdan que en la actualidad el sector hotelero está sujeto a una "hiperregulación" al serle de aplicación, diferentes tipos de normativas como la fiscal, laboral, urbanística, sanitaria, de higiene, accesibilidad, ruidos, incendios, seguridad, piscinas, aguas, residuos, propiedad intelectual, protección de datos, alimentos, consumidores, clasificación hotelera, calidad, de competencia, entre otros.

Asimismo destacan que el sector hostelero, a pesar de la numerosa normativa, genera un empleo directo y uno indirecto por cada cinco camas existentes.

Por ello, la Asociación de Hoteles de Zaragoza apuesta por la existencia de una regulación que normalice de manera específica esta situación que "nada tiene que ver con la denominada economía colaborativa, al ir más allá de ella, dado que se está pagando un precio por un servicio de alojamiento prestado, lo cual la convierte en una actividad lucrativa al uso".

Todo no les lleva a pedir la prohibición de la actividad pero piden que se desarrolle de manera que contribuya a la calidad de los servicios prestados en Aragón y al mantenimiento del actual modelo económico del que se derivan las prestaciones sociales que actualmente existen.