Luxleaks permitió destapar centenares de acuerdos secretos para eludir el pago de impuestos por parte de multinacionales, pero fueron los Papeles de Panamá los que pusieron al descubierto la ingente estructura que ha permitido a políticos, empresarios y ciudadanos de todo el mundo esconder en paraísos fiscales propiedades y ganancias multimillonarias a la hacienda pública de sus respectivos países.
Bruselas presenta hoy su enésima propuesta para combatir estas prácticas y obligar también a los intermediarios --bancos, abogados, asesores o contables-- a colaborar notificando a los gobiernos la existencia de «esquemas de planificación fiscal potencialmente agresiva» cuando impliquen acuerdos transfronterizos.
El motivo es simple. «Las recientes filtraciones muestran cómo determinados intermediarios --como el despacho Mossack Fonseca con sede en Panamá-- parecen haber ayudado activamente a sus clientes a utilizar acuerdos para reducir su carga fiscal y ocultar dinero en paraísos fiscales» mientras «la experiencia demuestra que las disposiciones nacionales contra las planificaciones fiscales agresivas no son plenamente efectivas», señala el borrador del documento que aprobará hoy el colegio de comisarios.
Revelar, sostiene Bruselas, determinados acuerdos fiscales que implican a más de un Estado miembro --o a un Estado y un tercer país-- podría ayudar a crear un entorno tributario más justo en el mercado interno de la UE e imponer la «obligación explícita» a los intermediarios, ya sean bufetes de abogados, firmas de asesoría como Deloitte o bancos, «constituye un paso en la buena dirección», esgrimen.
La nueva propuesta exigirá a los Estados miembros que intercambien de forma automática entre sí todos los regímenes tributarios agresivos notificados, de la misma manera que se intercambian otros datos bancarios. Esta información se almacenará en un registro central. Hoy, el intercambio es muy limitado y así creen que podrán poner más presión sobre intermediarios para que se abstengan de diseñar, publicitar e implementar acuerdos de ingeniería fiscal.
«El objetivo es aumentar la transparencia y acceder a la información adecuada en una fase temprana», según señala el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
