El Gobierno ha puesto las bases para poder cobrar peajes en todas las autopistas que reviertan al Estado, pero también para permitir a una sociedad pública, «en su caso, la explotación de otras», incluyendo para ello la posibilidad de cobrar a los usuarios. Lo hecho mediante una reforma de la ley de carreteras, publicada en el BOE de ayer, que dará cobertura de rango legal al cobro de peajes por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, informó el jueves que se aprobaría una disposición para dar cobertura legal a la explotación de los peajes de las radiales de Madrid, que han vuelto a ser propiedad del Estado tras la quiebra de las concesionarias.

Pero parecía que esta competencia se limitaría a las autopistas quebradas, ya que además Ábalos reiteró la decisión del Gobierno de no prorrogar los tres contratos de concesión de autopistas que vencen en la presente Legislatura: la AP-1 entre Burgos-Armiñón; los tramos de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante; y la AP-4 Sevilla-Cádiz.

Sin embargo, el decreto publicado en el BOE recalca que Seittsa «podrá explotar, entre otras, las autopistas que reviertan al Estado» y señala que la «construcción y/o explotación se realizará en las condiciones que se determinen en el convenio de gestión directa correspondiente», que deberá autorizar el Consejo de Ministros. El texto legal determina que «en la explotación de las autopistas que reviertan al Estado...la Sociedad Estatal queda autorizada para el cobro a los usuarios de las tarifas que fije el Consejo de Ministros».

CONVENIOS FUTUROS / Respecto a los convenios futuros que se firmen, se determina que deberán incluir, entre otros extremos, el régimen de explotación de las carreteras estatales de que se trate y el tipo de financiación «en el que podrá incluirse el cobro de las tarifas» que dicte el Gobierno de España