Hace tres años fue la crisis del pepino con la bacteria E.coli; en el 2013, la meteorología adversa; y este verano, el veto ruso decretado el 7 de agosto. Los fruticultores aragoneses no levantan cabeza y acumulan tres ejercicios consecutivos de perjuicios, a los que se han sumado el bajo consumo, la concentración de la producción por razones climáticas, una acumulación en el mercado y el consecuente desplome de los precios. El resultado es un sector "en la quiebra" que esta campaña ha perdido el 40% de su poder adquisitivo por culpa del cierre de fronteras en Rusia y sus efectos.

Estos cálculos proceden del balance de la campaña de fruta 2014 presentado ayer por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), que cuantifica en 590.193 toneladas el avance de la producción total de albaricoque, cereza, ciruela, manzana, pera, melocotón y nectarina en la comunidad. Estas dos últimas variedades fueron las más perjudicadas por el boicot de Putin a los alimentos europeos, por lo que se retiraron 6.325 toneladas (un 4% de las 166.000 que quedaban por recoger). Vicente López, responsable del sector de fruta de UAGA, valoró como "escasa" la incidencia de esta medida en los precios y criticó la "ineficacia, lentitud y falta de gestión" tanto del ministerio como de la DGA.

El veto ha tenido un efecto dominó, ya que la cosecha de los principales productores que exportaban a Rusia se recolocó en la Unión Europea, lo que terminó por "hundir los precios". "Ya se han buscado nuevos mercados, pero no tienen el poder adquisitivo de Rusia y los precios son irrisorios", lamentó, en referencia a Marruecos o Argelia. "Es complicado encontrar nuevos clientes en otro país y, además, los productores se adaptan a las exigencias y gustos de cada sitio, y eso no se puede cambiar de un día para otro", afirmó.

En cuanto a la duración del veto, López avisó de que la situación puede ser caótica si se mantiene y alcanza el comienzo de la cosecha de la fruta de verano, como la de cereza, en mayo. "No me lo quiero ni imaginar", añadió. Ante estas circunstancias, desde UAGA se exigen medidas como la preferencia comunitaria, la rebaja de módulos en la declaración de la renta, la devolución del 50% del pago de la Seguridad Social durante la campaña de recolección, créditos blandos y rapidez en la devolución de la subvención del seguro agrario por parte de la DGA, además de insistir en que no se utilice el fondo de crisis del sector "para solucionar un problema de origen político".

Respecto a la contratación de mano de obra, López destacó que el sector "ha dado la cara con creces" y que el empleo ha aumentado un 20% respecto al 2013, con 57.055 altas de enero a septiembre.