El desarrollo de la interconexión eléctrica entre España y Francia por el Pirineo aragonés se ralentiza y su avance está supeditado al resultado de las elecciones galas. El primer trámite para el impulso de esta línea de muy alta tensión (400 kilovoltios), que encierra una enorme complejidad técnica y requiere una inversión de unos 1.000 millones, se retrasa a finales del 2017 o comienzos del 2018, aunque se esperaba que estuviera listo para las fechas actuales. Así lo anunció ayer Red Eléctrica Española (REE), empresa semipública encargada de construir esta infraestructura como operador único de la red de transporte (alta tensión).
Mientras en el lado español ese primer paso oficial del proyecto se producirá en un plazo de nueve a doce meses, el calendario de París no está tan claro. «Tenemos que esperar a que hagan lo mismo nuestros colegas franceses», apuntó ayer la directora general de Transporte de REE, Eva Pagán, en un encuentro en Madrid con medios de comunicación. No obstante, destacó que la coordinación con Francia «es extraordinaria» y confió en que la situación política de aquel país no interfiera en esta obra, ya que está declarada de interés comunitario por la Comisión Europea, que financiará su construcción. Pese a ello, precisó, «habrá que esperar a conocer al nuevo presidente que elijan los franceses y su posicionamiento al respecto».
Red Eléctrica está volcada ahora en el cálculo de los aspectos técnicos de la línea y en la búsqueda de las soluciones tecnológicas más efectivas, al tiempo que guarda bajo siete llaves los posibles trazados de la interconexión, que deberán figurar en la solicitud de tramitación del proyecto. Pagán no quiso dar ninguna pista y se limitó a recordar que una parte de la misma será soterrada. También insistió en que se trabajará «de la mano del territorio» para diseñar el pasillo eléctrico más idóneo y con menor impacto social y medioambiental. Así se lo ha pedido además el Gobierno de Aragón, a través de su presidente y la consejería de Economía, un criterio con el que REE dice coincidir. «Estamos satisfechos y esperanzamos en que el proyecto sea una realidad en la próxima década», dijo, y agradeció a la DGA su «apoyo» al proyecto, cuya entrada en servicio se prevé para el 2025 o el 2026.
SENTENCIA
Sobre la sentencia del Tribunal Supremo a favor del Ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Cuencas Mineras) que obliga a REE a pagar un canon municipal de hasta 200.000 euros al año por la utilización del suelo público para el paso de la línea de alta tensión entre Teruel y Castellón, Pagán avanzó que la compañía ha recurrido la sentencia y consideró «desproporcionadas» las tasas fijadas, que se basan en informes «que no son acordes» con la ley de las haciendas locales. Abogó por buscar una «solución global» al problema planteado por municipios como este.
Sobre el futuro del carbón y de centrales como la de Andorra, el director general de Operación de REE, Miguel Duvison, señaló que su continuidad depende de lo que decida el Gobierno, pero consideró que técnicamente no es recomendable para el sistema eléctrico suprimirlas, ya que «todo un contigente de cualquiera de las tecnologías que tenemos es difícilmente prescindible».
