La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó este martes a Renfe por exigir un ingreso de 10 euros a quienes deseen participar en un proceso de selección abierto en su página web para incorporar a 57 trabajadores. Para la asociación es "lamentable que una entidad pública utilice este tipo de prácticas y aproveche la precariedad laboral para generar ingresos" cuando considera los afectados son además desempleados, con "más dificultad para afrontar cualquier tipo de gasto".
La organización defiende que los procesos de selección, "especialmente si proceden de una entidad pública", sean abiertos a la participación de cualquier candidato y que los costes se sufraguen "con los impuestos que ya pagan los ciudadanos". La asociación ha demandadado a Renfe, que justifica el cargo en concepto de derechos de participación, que cese la práctica y devuelva a los candidatos la cantidad abonada.
Pese a la crítica de la organización de consumidores, lo cierto es que la entrada en empresas supone en algunas ocasiones el pago para el acceso a la prueba, aunque se considera una mala praxis.
En el ámbito público, el pago por oposición (o la necesidad de cursos previos de preparación para el exámen) es habitual. Se calcula que entre nueve meses y un año es el mínimo que se requiere para preparar una oposición para acceder a puestos para los que se exige una titulación de bachillerato. Y en torno a un mínimo de 18 meses o dos años para plazas dirigidas a diplomados y licenciados, salvo para las oposiciones a notarios y registradores donde la media se dispara a cuatro, cinco o incluso seis años hasta conseguir la capacitación para esa plaza. En fuentes del sector aseguran que preparar una oposición para puestos administrativos de la Administración puede suponer un desembolso en formación de entre 1.000 y 4.000 euros.
