El Gobierno de Zapatero ha heredado en sus relaciones con Bruselas una pesada carga del PP. La Comisión Europea investiga la posible ilegalidad de ayudas concedidas en los últimos años por el Gobierno a astilleros y a la minería. Está en cuestión la devolución de hasta 2.600 millones de euros. El equipo económico del vicepresidente Pedro Solbes y del ministro de Industria, José Montilla, han denunciado el "mal estilo" del PP en el traspaso de poderes.
La cantidad duplica los 200.000 millones de pesetas que el PP denunció cuando entró en el Gobierno en 1996. El propio Aznar recriminó a los Gobiernos de Felipe González haber perdonado a "los amiguetes" del PSOE actas fiscales por más de 200.000 millones de pesetas. Una comisión parlamentaria determinó que la acusación era falsa.
El equipo de Rodrigo Rato presume de dejar al PSOE una herencia económica impecable, en forma de superávit, crecimiento económico y elevada creación de empleo.
SORPRESAS Los nuevos responsables de Economía se han encontrado con la sorpresa de unas ayudas, en parte ilegales, que colocan al Gobierno del PSOE ante el brete de una reconversión industrial en sectores como la minería y el carbón, 20 años después de que Carlos Solchaga emprendiera la primera al frente del Ministerio de Industria.
En la última reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), Solbes fue informado por el comisario de la Competencia, Mario Monti, sobre el caso español. Monti se quejó de "la falta de cooperación" del anterior Gobierno, que no comunicó a la CE los datos requeridos. Tampoco informó de su política de ayuda a los astilleros, ni de las medidas de reconversión industrial que deberían acompañar a éstas. "Se les advertía, pero no hicieron caso", resume una fuente de Economía.
Monti le contó a Solbes que la Comisión Europea tuvo que acudir, incluso, al Registro Mercantil para obtener datos que le negaba el Gobierno español. "Al menos en seis ocasiones, el Gobierno de Aznar fue advertido por la CE de irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de ayudas. Y cuando ya no había marcha atrás, retrasaron la decisión", explicó la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.
EXPEDIENTE MINERO En el sector minero, Montilla se ha visto sorprendido por la apertura de un expediente el 30 de marzo pasado. Fue comunicado al anterior Gobierno en funciones e incluía un plazo de un mes para dar respuesta (30 de abril), periodo en el cuál la directora general de Energía en funciones, Carmen Becerril, ni respondió ni informó del hecho al equipo entrante, según explican fuentes del ministerio.
"El Gobierno del PP firmaba la paz social a cambio de inyectar ayudas, aunque fueran ilegales", se quejan en el Ministerio de Industria.
