El campo aragonés no atraviesa su mejor momento. Con el fin de trasladar la problemática del sector al Gobierno de Aragón, los máximos representantes de los distintos sindicatos agrarios -UAGA, UPA, Araga y Asaja- se reunieron ayer con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona. En dicho encuentro, los sindicatos pidieron al Ejecutivo un presupuesto «justo» para el medio rural, una dotación que se ha recortado a la mitad respecto a la legislatura anterior, según explicaron las centrales tras el encuentro.

Olona, por su parte, les trasladó «el compromiso» de cumplir con el presupuesto programado de 943 millones de euros a desarrollar hasta el 2023. Y afirmó estar demostrándolo «con hechos» pues, en el recientemente aprobado presupuesto, la DGA ha consignado 108 millones de euros al sector, una cuantía que garantiza cumplir con los objetivos del Programa de Desarrollo Rural. Sin embargo, el secretario general de UAGA, José Manuel Penella, criticó que «ni el Gobierno ni ningún partido político han presentado las enmiendas necesarias para aumentar el presupuesto».

El secretario general de UPA, José Manuel Roche, puso de manifiesto que estos últimos han sido «los presupuestos más sociales de Aragón» pero la «importancia social y medioambiental» de la agricultura no se ha plasmado en ellos. Del mismo modo, los sindicatos recordaron la pérdida de 178 millones de los 355 presupuestados para el periodo 2007-2013, una cuantía que, a pesar de la recuperación económica, no se ha vuelto a recuperar. El secretario general de Asaja, Ángel Samper, no descartó volver a salir a la calle si la situación no cambia.

UNANIMIDAD CON LA PAC / Tanto los sindicatos como el Ejecutivo lamentaron ayer la «excesiva burocracia» de la PAC (Política Agraria Común). Los agricultores pidieron «adelantar los pagos» y Olona calificó la política de «injusta, ineficiente e ineficaz» y pidió respaldo a las organizaciones agrarias para avanzar hacia una «reforma en profundidad».

Del mismo modo, los sindicatos expresaron la necesidad de implementar una regulación para frenar la «volatilidad y la especulación» en los precios que, según Penella, actualmente «están por los suelos».