Más de 300 personas se concentraron ayer, convocadas por CCOO y UGT, ante la Delegación del Gobierno en Zaragoza para exigir el mantenimiento del derecho de huelga que ha funcionado en los últimos 35 años y la modificación de los artículos del Código Penal que lo "criminalizan". La movilización, que se enmarca en la campaña No nos van a callar y que se celebró en las capitales de toda España, contó con la participación de los líderes sindicales de CCOO y UGT en Aragón, Julián Buey y Daniel Alastuey.
La huelga no es un delito fue el lema elegido para la pancarta, mientras que los asistentes corearon otros lemas como Detenidos libertad, No nos callaron, no nos callarán, Libertad de expresión, o Sin derechos no hay futuro.
Alastuey destacó que en España hay cerca de 300 sindicalistas involucrados en más de 80 procedimientos judiciales que derivan, fundamentalmente, de actuaciones relacionadas con los piquetes y la información de las huelgas generales del 2010 y 2012, y para los que se están pidiendo multas de hasta 60.000 euros o penas de hasta ocho años de cárcel.
Por ello, la concentración quiere "denunciar" la actuación del Gobierno contra el derecho de huelga, así como su política "deliberada" de atacarlo "criminalizando a los sindicalistas y atemorizándoles para que la protesta no se lleve a la calle", dijo. A lo largo de los últimos meses, los sindicatos han insistido en que las causas abiertas a los trabajadores son una estrategia represiva para criminalizar las protestas.
En este sentido, Buey recordó que la huelga es un ejercicio fundamental y democrático recogido en la Constitución.
