La derecha en Aragón ya no es un bloque homogéneo

No estuvieron presentes los cabezas de lista por Zaragoza por el PSOE, el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, y por el PP, Luis María Beamonte. No explicaron el motivo de su ausencia y se limitaron a enviar en su lugar a otros miembros de sus candidaturas, lo que provocó críticas por parte de los representantes de Chunta Aragonesista y de Ciudadanos.

SERVICIOS PÚBLICOS

Política de bloques en

educación concertada

La política de cada partido en materia de dependencia, sanidad y de enseñanza en el ámbito autonómico provocó ayer un encendido debate entre las fuerzas de izquierda y las de centro y derecha, que mostraron de esta forma las visiones contrapuestas que mantienen sobre la forma de gestionar los servicios públicos fundamentales. Mar Vaquero, del PP, acusó al actual Gobierno de haber lanzado una «persecución política» a la enseñanza concertada y de haber «universalizado»” las listas de esperas. Y todo ello, mantuvo, pese a que la «voracidad fiscal» del anterior Gobierno le permitió «confiscar» 1.900 millones más para los presupuestos. Sin embargo, Javier Sada replicó que el PP describía «una hecatombe poco creíble» en los servicios públicos. Aportó cifras, como un aumento de 400 en el número de trabajadores en sanidad, una inversión sanitaria «multiplicada por 10» y «un aumento del 14% en la percepción social sobre las listas de espera». Sada defendió la compatibilidad entre la educación concertada con la pública y aseguró que en la legislatura que termina, en la que elogió el esfuerzo para extender la enseñanza gratuita de 0 a 3 años, se han incorporado 1.500 profesores. Maru Díaz, de Podemos, subrayó que su partido defiende que el dinero público sufrague en su totalidad los diferentes niveles de la enseñanza, desde los primeros años de escolarización hasta la universidad. Y en materia de dependencia abogó por más residencias y cuidadores en la red pública. Arturo Aliaga apostó por alcanzar un consenso general que dé prioridad a la planificación y a la construcción de infraestructuras. Abogó por llegar a acuerdos de amplia base que garanticen que la iniciativa privada llegue a donde el público no puede hacerlo. Daniel Pérez propugnó una «gestión profesional y no política para abordar los problemas y carencias». José Luis Soro defendió los logros del Gobierno saliente en materia social y le atribuyó que Aragón sea la comunidad «donde más ha aumentado el gasto social». Álvaro Sanz salió en defensa de los mileuristas y los pensionistas, de los que dijo que sus bajos ingresos les impedían vivir en condiciones de igualdad. Manifestó que los conciertos educativos son «una rémora» y que la sanidad está bloqueada porque se basa en un «sistema medicalizado».

FINANCIACIÓN

Las dudas sobre el

impuesto de Sucesiones

A la hora de abordar el sistema impositivo aragonés volvieron a evidenciarse los dos bloques antagónicos. «Tenemos que gastar el dinero público sabiendo que proviene del bolsillo de los contribuyentes», dijo Pérez. Y le pidió a Sada que aclarara si desde el PSOE están dispuestos a recuperar el impuesto de Sucesiones. «Es un tributo justo siempre que la clase media quede al margen y esté completamente armonizado», respondió. Además añadió que con lo que pagan 100 de las familias más ricas de la comunidad se pueden mantener las ayudas para 15.000 dependientes La popular recordó la crítica al carácter «confiscatorio» de las políticas fiscales de los últimos cuatro años. «El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes porque así se genera actividad empresarial y económica», explicó. Por su parte, la representante de Podemos consideró que en Aragón el reto principal está en mejorar los sueldos. «Con salarios basura no se puede favorecer el consumo», replicó. Además reclamó la eliminación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y la reforma de la ley de aguas, recuperando una de sus apuestas electorales. Aliaga, que reprochó al representante de Ciudadnos su inexperiencia en la gestión pública, defendió la realidad política de la comunidad explicando que gastos como los de las comarcas no son «dilapidar recurso» por se fundamentales para la prestación de servicios. «Los discursos teóricos a veces no sirven», alegó tras la acusación de que una parte de lo recaudado por las arcas públicas se perdía en «enchufismo y clientelismo». El candidato de CHA pidió medidas para evitar el «fraude fiscal» al considerar que los impuestos deberían servir de «herramienta distributiva» para garantizar el Estado del bienestar. «La reforma del impuesto de Sucesiones solo ha servido para evitar que paguen las grandes fortunas», criticó Soro. Esta misma idea fue secundada desde IU al recordar que los que más tienen deberían pagar más. «Aragón no se puede permitir perder 150 millones de euros en ingresos, por eso creemos que Sucesiones se tiene que recuperar de una forma lo más progresiva posible», dijo. Sada también reclamó una mejora de la financiación autonómica para poder garantizar los servicios públicos debido a la realidad de la despoblación en la comunidad.

ECONOMÍA

Diferentes fórmulas para

la creación de empleo

En el bloque sobre economía cada partido enumeró las fórmulas que emplearía para generar empleo. Aliaga se refirió a la necesidad de incidir en los grandes proyectos, como la Expo, Motorland, la ampliación de las estaciones de esquí y el aeródromo de Teruel. Asimismo se pronunció a favor de infraestructuras como la travesía central del Pirineo y la conexión eléctrica con Francia, mientras que Vaquero defendió «una bajada de impuestos» unida a la «internacionalización de las empresas». Para la candidata popular, el crecimiento llegará con la mejora del sistema de financiación autonómica, el relanzamiento del Pacto del Agua y las inversiones en grandes infraestructuras. José Luis Soro defendió el papel realizado por el anterior Gobierno en carreteras frente a las críticas del PP, que había dicho que las aragonesas eran de las peores de España. Además, el político nacionalista rechazó determinados macroproyectos, desde la unión de estaciones de invierno a la construcción de embalses como el de Biscarrués, por su carácter antiecológico. Apostó en cambio por el Canfranc, los autónomos, la agroindustria y el turismo. Maru Díaz recalcó el importante papel que los autónomos y las pequeñas empresas desempeñan en la generación de empleo y abogó por la creación de una banca pública, así como por las inversiones en investigación y desarrollo. En cuanto a la central térmica de Andorra, subrayó la importancia de una red de autovías para atraer nuevas inversiones a las Cuencas Mineras. Álvaro Sanz propugnó polos públicos empresariales, criticó los «macroproyectos porcinos» por su efecto negativo en la economía social de las cooperativas. Asimismo, apostó por los sectores «sostenibles», por la rehabilitación de viviendas y por el aumento de los salarios. Daniel Pérez sostuvo que los sectores de la agroindustria y la automoción tirarán de la economía aragonesa junto con el turismo, al tiempo que Sada abogó por un buen clima social y salarios dignos como condiciones previas para el crecimiento económico. En industria del motor, el socialista destacó que el futuro estará marcado por el coche eléctrico.

DESPOBLACIÓN

El acuerdo envenenado

de la demografía

La realidad del envejecimiento y la despoblación pone de acuerdo a todas las formaciones. Es necesario tomar medidas para evitar que el mundo rural siga perdiendo habitantes. Pero los matices son innumerables y las recetas aplicadas hasta ahora no dan resultados. «Si llego a la presidencia de la DGA convocaré un gran pacto contra la despoblación en el que tengan voz las personas del territorio, nos pondremos a trabajar desde el minuto uno con dotación presupuestaria», garantizó el candidato de Ciudadanos. Esta afirmación molestó al actual consejero de Vertebración del Territorio. «Aunque lleva poco en política debería saber que eso ya lo hemos hecho gracias a la directriz contra la despoblación, por eso se tendría que dejar de usar este asunto como arma política», explicó Soro. El PAR recordó que cuando tuvieron responsabilidades de gobierno pusieron en marcha medidas concretas como la red de hospederías o la descentralización de Dinópolis. «Hacen falta recursos y también un cambio de mentalidad», dijo Aliaga. Muy crítica con la gestión de la DGA fue la popular Mar Vaquero. «Esta legislatura hemos visto que 45 habitantes al día han abandonado el mundo rural por la falta de oportunidades», afirmó al considerar que las medidas tomadas no han tenido la suficiente ambición. En este sentido Podemos reclamó acciones como la creación de una flota de taxis rurales, la mejora de los ferrocarriles, la apuesta por la banda ancha o la diversificación del turismo. «Hace falta un modelo para vertebrar los pueblos y garantizar las rentas de sus habitantes», insistió a su vez el candidato de IU. Javier Sada reconoció que hace falta seguir «proponiendo medidas» y citó la reforma de la PAC o las ayudas a la industria como dos mejoras fundamentales para revertir la situación. Temas como los trasvases, la cultura o el arte sacro quedaron fuera del debate por falta de tiempo.