El ministerio de Cultura no participará en la mesa de diálogo «urgente» con las televisiones y discográficas que el martes solicitó la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, porque según aseguró ayer José Guirao su departamento no puede ser «juez y parte».

«Nosotros no podemos estar en una mesa de negociación que tiene que ser necesariamente entre los socios, porque no hay que olvidar que la SGAE es una entidad privada, está supervisada por el ministerio en una serie de aspectos, pero no en todos», dijo el titular de Cultura en un acto en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Guirao manifestó que lo que tiene que producirse en la SGAE es un «acuerdo interno» porque si los nuevos estatutos no han salido adelante, es «porque no hay acuerdo interno». «Me ha parecido bien que la presidenta haya planteado una reunión con otros sectores que se sienten fuera o excluidos, o que no tienen la presencia que quisieran o que deberían de tener, y me parece un buen movimiento después de la derrota del lunes con los estatutos (...) El ministerio desde fuera lo único que tiene que hacer es supervisar que las cosas se hagan bien», añadió.

Guirao recordó también que «ojalá» no tengan que ejecutar la intervención parcial que solicitaron a través de la Abogacía el Estado el pasado mes de febrero: «Sería señal de que arregla los problemas que la SGAE ha generado dentro. La presidenta de la SGAE tiene que saber que los problemas los tienen que arreglar con los socios desde dentro, que si los arreglan y cumplen con la ley el ministerio va a estar encantado, pero no se va a sentar en una mesa cuando es el supervisor, una mesa que entiendo que es de diálogo y de negociación y nosotros tenemos que estar vigilantes de que el resultado cumpla la ley», concluyó.

Según informó el martes la Sociedad General de Autores y Editores, Jurado ha convocado a los «actores enfrentados» con el objetivo de buscar los consensos que «permitan el desbloqueo» de la entidad, una reunión en la que solicita también la participación de Cultura. Jurado persigue así el consenso y el acuerdo para «superar las diferencias que les enfrentan e impiden el óptimo desarrollo de la entidad y el cumplimiento del último requisito para completar la reforma».