El Gobierno ha empezado a dar pasos prácticos para ayudar al cine español. El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará el decreto ley que regulará la obligación de las cadenas de televisión de invertir el 5% de sus ingresos de explotación en la producción de películas para cine y televisión, una medida que ha sido bien recibida por los productores pero ha merecido las críticas de las televisiones. La decisión del Ejecutivo del PSOE fue anunciada ayer por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, cuyo departamento ha trabajado en el decreto junto al Ministerio de Industria que dirige José Montilla.
En teoría, la obligación de las televisiones de invertir el 5% está en vigor desde el año 1999, cuando el Gobierno anterior desarrolló una directiva de la Unión Europea para fomentar las industrias audiovisuales de cada uno de los Estados miembros y de Europa en general. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma está muy lejos de ser riguroso.
LOS REQUISITOS
El borrador del reglamento establece que, para determinar el total de inversión de cada cadena para películas de cine y televisión, los operadores privados de televisión deberán acreditar sus ingresos, previamente auditados, ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, dependiente de Industria. En el caso de las televisiones públicas, los ingresos serán certificados por los directores generales de cada ente. En la cuantificación se tendrán en cuenta los ingresos por publicidad, las cuotas de abono y las subvenciones, en caso de que las haya.
Las televisiones deberán rendir cuentas anualmente sobre el cumplimiento de este porcentaje de inversión. Como órgano de control, el decreto ley prevé la creación de una comisión de seguimiento, adscrita a Industria, formada por un presidente, un vicepresidente y dos vocales correspondientes a cada uno de los dos ministerios relacionados con la industria del cine.
Las obras audiovisuales a las que se destinará esta financiación son los largos y cortos cinematográficos y las películas para televisión que no estén destinadas a las salas comerciales y que superen los 60 minutos de duración. El reglamento excluye a las teleseries, asunto que ha contado con la censura de las operadoras de televisión.
El pasado día 1, Uteca, organismo que agrupa a las cadenas privadas de televisión (Antena 3,Tele 5 y Sogecable), solicitó al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, que el Gobierno flexibilizara esta medida por la prohibición de financiar teleseries, al considerar que se trata de un impuesto. Estas cadenas y Televisión Española vienen insistiendo en las últimas semanas en que han cumplido con el requisito, y desde el año 2001 han destinado el 5% de sus ingresos en la producción de películas y que incluso lo superan. No es ésta la opinión de los productores.
SANCIONES
Pedro Pérez, presidente de la Federación de Productores (Fapae), lleva tiempo reclamando la inversión de las televisiones como principal fuente de subvención y de supervivencia del cine. Ayer, tras conocer el anuncio de la ministra de Cultura en la presentación de la guía de producción de la Spain Film Commission, Pérez no ocultó su satisfacción. No obstante, reconoció las resistencias de las cadenas y apuntó que la única que ha cumplido con la inversión es TVE.
La cadena pública aseguró hace unos días que el año pasado destinó 33,6 millones de euros a la adquisición de derechos de antena. Los productores audiovisuales esperan que el reglamento que se aprobará este viernes establezca un régimen de sanciones por el incumplimiento de los requisitos.
Las conversaciones con los sectores afectados se iniciaron con el anterior Gobierno del partido Popular, que dejó en suspenso el reglamento por la resistencia de las televisiones. Con el cambio político acaecido el 14 de marzo, los ministerios de Cultura e Industria recuperaron los contactos, que terminaron la semana pasada.
De momento, están en suspenso otras medidas de impulso al cine español como es la propuesta de aumento del precio de las entradas para las salas que proyecten películas dobladas.
