-¿Cómo ha afectado el estado de alarma a las empresas aragonesas de inserción?

Lo primero que hizo la mayoría fue plantear ERTEs; unas cuantas, por obligación, y otras, por cuestiones productivas y económicas derivadas también del real decreto. De las dieciséis empresas que forman AREI, ocho suspendieron totalmente sus actividades, y otras ocho, más de la mitad. Ninguna ha podido todavía retomarlas. Es más, hay alguna que, con las medidas que se tengan que tomar para la apertura a medias que se prevé, se está planteando cerrar.

-¿Han podido al menos mantener los itinerarios de inserción?

-En estas empresas, al margen de su labor productiva, lo que cobra mayor relevancia es la parte social. Sus responsables, los técnicos de inserción, sí que han podido seguir atendiendo a los empleados y sus familias de forma telemática. Los trabajadores de este tipo de empresas son personas en situación desfavorecida derivadas por otros servicios sociales. Más allá de formarles en una profesión, con ellos se trabaja un desarrollo personalizado de hábitos laborales, de aceptación de liderazgos en equipos y de respeto a sus compañeros. Esta reeducación laboral es el trabajo fundamental de los técnicos de inserción.

-¿Pueden los ERTEs tener alguna consecuencia sobre la calificación de las entidades de AREI como empresas de inserción y, por lo tanto, sobre las ayudas que perciben?

-Sí. Para ser declaradas de inserción, las empresas tienen que ajustarse a la normativa estatal y autonómica, y cumplir unas ratios de personas de inserción frente al total de la plantilla. Fue la primera pregunta que hicimos al Instituto Aragonés de Empleo cuando se decretó el estado de alarma. Nos contestaron que los ERTEs son una suspensión temporal, con lo cual, jurídicamente, la persona sigue contratada en la empresa. Una vez que se reanude la actividad, también lo harán los itinerarios.

En el Ministerio de Trabajo nos han contestado en el mismo sentido. Pero, independientemente de que nos hayan dicho que luego no habrá problema para considerar a esas personas como sujetos de subvenciones, la preocupación que tenemos es que todavía no se han convocado las ayudas para el año 2020. Y, en estas circunstancias, urge su convocatoria. Pero, hoy en día, la incertidumbre es tan grande que nadie sabe qué va a ocurrir.

-¿Han previsto ya las pérdidas?

-No me atrevo a hacer una valoración económica porque, dependiendo de cómo y cuándo se reactive la actividad, las circunstancias van a variar. No se trata de que, si hemos tenido un parón de dos meses, las pérdidas vayan a suponer la facturación de ese periodo sobre los doce meses del año. La cuenta no es proporcional. Cada día que pasa, el coste marginal es mucho mayor. Un mes más de parón igual supone otro mes y medio más de falta de ingresos, con costes que tiene que asumir la empresa. Cuando una persona está en ERTE, si no es por una circunstancia obligada por el primer real decreto de estado de alarma, hay que pagar su Seguridad Social. Y si la empresa no produce y no tiene ningún tipo de subvención, ¿con qué la paga?

-¿Peligra la continuidad de los contratos públicos suspendidos?

-Lo coherente sería que se reactiven una vez que ese sector económico pueda operar, y entiendo que así se hará. Otra cosa es que algún contrato que esperásemos que pudiera salir a lo largo del año, o al que viene, o que se tuviese que renovar, ahora se caiga. Esto ya está pasando con algunos recursos económicos de la Administración, que se están focalizando hacia la sanidad, donde va a haber unos costes tremendos. Y en otras áreas, como la educativa, ya se ha dicho que toda la parte de formación profesional se la van a quedar el Estado para atender las demandas de desempleo producidas por los ERTEs. Esto significa que ese dinero no va a llegar a las comunidades autónomas. Y eso en Aragón supone que las empresas de inserción no van a poder ejecutar los programas formativos del Inaem. Es una situación de crisis tan grande que, cosas que todavía ni se nos han pasado por la cabeza, nos las vamos a encontrar de aquí a un año.

-¿Teme que alguna empresa de AREI no pueda salir adelante?

-Alguna que me ha transmitido que se lo están planteando, porque sus costes de estructura son tan elevados que, a menos que obtengan algún tipo de ayuda para poder hacerles frente, no podrán soportarlo. Las empresas de inserción desarrollan actividades económicas con muy poco valor añadido, emplean mucha mano de obra y, por lo tanto, los ERTEs son mucho más costosos que en otras empresas con mayor valor añadido.

-¿Qué medidas reclaman a la Administración?

-Necesitamos que los ayuntamientos grandes sigan apoyando los programas que tenían ya con empresas de inserción, aunque el de Zaragoza ya se ha cargado todos. Al Gobierno de Aragón le pedimos que fomente que las empresas ordinarias colaboren con las de inserción, que convoque con urgencia las ayudas y que aplique la ley de contratos del sector público, generando empleo de inclusión al destinar una parte de esos contratos a las empresas de inserción. De aquí a un año va a haber un montón de gente solicitando rentas básicas. Seamos más eficientes e innovadores en la gestión de los recursos humanos.